Panamá, 7 Abr. (AP).- Los líderes
de América Latina, de México a Brasil pasando por Argentina, han guardado
silencio frente a denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela y es
poco probable que vayan a hablar en contra del país petrolero en la Cumbre de
las Américas que se celebra en Panamá esta semana.
Los jefes de estado de los países
latinoamericanos tienen lazos comerciales e ideológicos con Venezuela y las
recientes sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de algunos de los
funcionarios de ese país los ha puesto aún más a la defensiva.
Otros mandatarios no quieren ser
vistos como mandaderos de Washington, especialmente si en casa enfrentan
protestas o la caída de índices de popularidad.
"De manera exitosa,
Venezuela ha usado la historia imperialista de Estados Unidos en su favor así
como el uso de su poder, de una manera que ha hecho que todos quieran evitar
criticarlos públicamente", dijo Geoff Thale, analista del grupo de estudio
Oficina de Washington para América Latina.
El mes pasado, el gobierno de
Barack Obama revocó las visas y congeló los activos en Estados Unidos de siete
altos funcionarios del estado venezolano acusados de cometer violaciones a los
derechos humanos durante las protestas realizadas en contra del gobierno del
presidente Nicolás Maduro. El malestar entre la población provocó la muerte de
más de 40 personas y desató una ofensiva contra los críticos que llevó a la
cárcel a varios dirigentes de la oposición, incluyendo el arresto sorpresivo de
alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Human Rights Watch y otros grupos
de derechos humanos emitieron un comunicado el martes pidiendo a los
mandatarios de los países que asistirán a la cumbre hacerle un llamado al
gobierno de Maduro para que actúe frente al presunto acoso que padecen los
defensores de derechos humanos en el país.
Pero las sanciones generaron el
efecto contrario: en vez de generar un debate sobre los abusos, propiciaron una
condena generalizada de los gobiernos de América Latina, lo que frustrará la
victoria diplomática que Obama esperaba obtener en la Cumbre de las Américas
por su decisión de restablecer las relaciones diplomáticas con uno de los
némesis de la Guerra Fría: Cuba. La referencia de que Venezuela constituía una
amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es el lenguaje
burocrático utilizado para aplicar las sanciones, generó inquietudes en una
región que ha lidiado con una larga historia de injerencias de Estados Unidos:
desde el apoyo a regímenes militares a esfuerzos por derrocar a gobiernos de
izquierda.
El asesor adjunto de Seguridad Nacional,
Benjamín Rhodes, sostuvo el martes en una conferencia telefónica, que el
lenguaje utilizado en las sanciones es el que normalmente se usa cuando se
emiten este tipo de sanciones en todo el mundo.
"Estados Unidos no cree que
Venezuela represente algún peligro para la seguridad nacional", dijo
Rhodes. Las sanciones, agregó, "no son de una escala que, de alguna
manera, pretendan atacar el gobierno venezolano en general".
Ricardo Zúñiga, Director del
Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio
Occidental, dijo en el mismo evento que "la situación al interior de
Venezuela es claramente un motivo de preocupación para sus vecinos y otros
países de la región". Sin embargo, agregó, "nosotros no tenemos ninguna
estrategia hostil hacía Venezuela".
"Lo cierto es que tenemos
interés de que Venezuela le vaya bien", dijo. "Somos el mayor socio
comercial de Venezuela. Compartimos una amplia y profunda historia entre ambos
países, entre ellos una gran cantidad de lazos familiares".
Maduro ha atacado las sanciones y
le han dado un respiro a su gobierno en momentos en que la caída de los precios
del petróleo iba a profundizar una crisis económica caracterizada por la
escasez generalizada de bienes y servicios y una inflación del 68%. Maduro ha
dicho que va a entregarle a Obama una petición firmada por diez millones de
venezolanos en la que piden a Estados Unidos que derogue las sanciones.
La respuesta de Latinoamérica
parece haber cogido fuera de base al gobierno estadounidense.
"Estaba un poco, voy a
confesarlo, decepcionada de que no hubiera más gente que saliera a defender el
hecho de que está claro que no tenían la intención de lastimar al pueblo
venezolano o al gobierno venezolano en su totalidad", dijo Roberta
Jacobson, Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, en referencia
a las sanciones.
No fue una sorpresa que los
aliados del gobierno de Maduro, como los mandatarios izquierdistas de Ecuador,
Bolivia y Nicaragua, salieran a defender a Caracas. Todos comparten una larga
historia de oposición a Washington. Pero, incluso gobiernos más moderados y
tradicionales aliados de Estados Unidos, se han mostrado renuentes a criticar
Maduro.
"Es visto como ir en contra
de uno mismo", dijo el analista Risa Grais-Targow, del grupo de estudio
Eurasia Group.
Algunos gobiernos, entre ellos
Argentina y más de una docena de naciones que han recibido petróleo subsidiado
de Petrocaribe, la alianza liderada por Venezuela, han tenido que proteger sus
vínculos económicos con el país petrolero.
Otros se preocupan por la
estabilidad regional. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, cuyo país
afronta el mayor riesgo de contagio con la inestabilidad venezolana, ha tratado
de proteger el lucrativo intercambio comercial con su vecino y reestableció las
relaciones diplomáticas entre los dos países, que casi colapsan bajo su
predecesor el conservador y combativo, Álvaro Uribe Vélez.
También ha sido su
interés mantener el apoyo que ha ofrecido Venezuela en las complejas
conversaciones de paz que adelanta con los rebeldes izquierdistas de las FARC.
Mientras tanto, los pesos pesados
de la región, México y Brasil, están lidiando con sus propias crisis internas
causadas por la caída de sus economías y las acusaciones de corrupción, por lo
que se han mostrado reacios a antagonizar con los votantes de izquierda que aún
reverencian al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
El mandatario de México, Enrique
Peña Nieto, se ha visto obligado a recortar el gasto y ha frenado la reforma
energética que abrió la posibilidad de que los privados invirtieran en la
industria petrolera debido al desplome de los precios del petróleo. También ha
tenido que lidiar con escándalos sobre presunto amiguismo en la entrega de
licitaciones y la desaparición de 43 estudiantes normalistas que, según las
autoridades, fueron detenidos por la policía, entregados a una banda de narcos
y asesinados en septiembre pasado.
Los índices de aprobación de la
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, han caído tanto que ya compiten con los
de Maduro. La mandataria sólo tiene el 12% de apoyo de brasileros que califican
su gobierno como bueno o excelente por la estrepitosa caída de su economía y el
escándalo de corrupción de la estatal petrolera Petrobras. Mientras que su
predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, fue un mediador político a nivel
regional, Rousseff ni ha desarrollado una clara política exterior ni ha
ejercido un liderazgo fuera de las fronteras brasileras.
Tanto Maduro como Rousseff han
sido el blanco de protestas de ciudadanos que piden su renuncia.
Rousseff, y la presidente de
Chile Michelle Bachelet, fueron presas políticas y parecieran ser las
candidatas naturales para hablar sobre problemas de derechos humanos. Pero la
popularidad de Bachelet también ha caído por acusaciones que vinculan a su hijo
en un escándalo de corrupción, lo que amenaza su agenda de gobierno signada por
luchar contra la desigualdad en Chile.
A excepción de los comentarios de
esta semana realizados por el canciller uruguayo, que expresó su preocupación
por el encarcelamiento de dirigentes de la oposición y el uso de la fuerza
letal en contra de manifestantes, las críticas de Latinoamérica hacía Venezuela
provienen principalmente de quiénes ya están fuera del poder.
En una carta publicada el lunes,
19 ex mandatarios de América Latina y España hicieron un llamaron al gobierno
de Maduro para liberar a los activistas encarcelados e instaron a respetar los
principios constitucionales y las normas internacionales.
A los diplomáticos
latinoamericanos les gusta decir que es más eficaz tratar estos temas en
privado en lugar de airear los trapos sucios. También dicen que los esfuerzos
de mediación de Unasur, que el año pasado logró sentar al gobierno y a la
oposición a dialogar brevemente, pueden servir en el caso de que las cosas se
salgan de control en las candentes elecciones legislativas venezolanas,
previstas para fin de año.
Probablemente Maduro llegará a
Panamá en ánimo de confrontación con su carta firmada por millones de
venezolanos. Los líderes regionales, por su parte, no quieren que este impasse
se tome el evento.
"La verdad es que una serie
de países de la región están pendientes de sus propios problemas políticos y
electorales", dijo el analista Thale. Y "no necesariamente quieren
tomar posiciones públicas que abran el mismo tipo de críticas en contra de
ellos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario