El Alto, 17 Ene. -- Con
el objetivo de hacer respetar el derecho a la educación y que no se vulneren
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, durante las inscripciones
escolares, desde el pasado lunes 13 de enero de 2014, la Representación
Especial de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de El Alto realiza
verificaciones en diferentes Unidades Educativas de distintos distritos de esta
ciudad, con el fin de precautelar el derecho de los estudiantes al momento de
la inscripción y no se vulneren los mismos. La verificación está siendo
realizada en zonas peri-urbanas de la ciudad, ahí donde la población cuenta con
bajos recursos económicos.
Al momento se verificaron 20
Unidades Educativas en la Zona San Roque ex tranca camino a Copacabana -
Distrito 7; Zona Villa Tunari – Distrito 4; Zona Pacajes Caluyo, Villa Adela,
Zona Primavera – Distrito 3; Zona Santiago Segundo, Zona Nuevos Horizontes –
Distrito 2; Ciudad Satélite, Villa Dolores - Distrito 1; Zona Ferropetrol, Zona
Alto Lima 3ra. Sección, Zona Germán Busch – Distrito 6; Zona Villa Ingavi –
Distrito 5; Zona 27 de Mayo, Zona 25 de Julio, Zona Panorámica y Zona Senkata –
Distrito 8.
En casi todas las Unidades
Educativas se realizan cobros para el pago del profesor o profesora de
computación, según las Juntas Escolares es necesario contar con este ítem que
no lo cubre la Dirección Distrital de Educación, ni el Ministerio de Educación,
menos la Alcaldía.
Se pudo observar que el cobro de
multas y sanciones por inasistencias a reuniones, asambleas, marchas, trabajos
comunitarios y otros lo realizan las Juntas Escolares, generando rechazo y
protestas por parte de los padres de familia que están en desacuerdo. Sin
embargo, las Juntas Escolares argumentan que la decisión de cobrar las multas
por las inasistencias a actividades programadas se la consensua en Asamblea de
Padres de Familia. Lo preocupantes es que el padre de familia que no pudo
asistir a las reuniones o marchas por razones laborales y que es de escasos
recursos no llega a cubrir dichas multas, sumadas a otros cargos como el pago
al profesor de computación y otros. En algunos establecimientos se implementó
el trabajo comunitario, como forma de pago a las multas, algunos papás no están
de acuerdo, otros sí.
Un padre de familia protestó
porque las multas estaban siendo cobradas antes de inscribir al estudiante,
como requisito previo, ante lo cual intervino la Defensoría del Pueblo para que
el derecho del niño a ser inscrito no sea vulnerado.
La mayoría de las Unidades
Educativas cuentan con algunos espacios para recibir estudiantes nuevos, el
problema que debe enfrentar el padre o madre de familia es que deben cancelar
un monto determinado que va de entre 30 a 120 Bolivianos, o entregar una
contribución en especie, estas pueden ser bolsas de cemento, sillas, baldes de
pintura y otros.
Varias Juntas Escolares
mostraron, al momento de la verificación defensorial, el acta de asamblea donde
se autoriza la recaudación de fondos a través del cobro de multas o de cobros
por estudiantes nuevos, para algún proyecto de mejora en la infraestructura y
dotar de mobiliario a la Unidad Educativa.
Según la Resolución Ministerial
001/2014, Art. 18, V. excepcionalmente, los aportes económicos voluntarios
realizados por las madres y los padres de familia, tutor, apoderados, deben
responder a las necesidades y requerimientos indispensables de un proyecto para
la Unidad Educativa, aprobados por su Asamblea General. Los mismos estarán
sujetos a rendición de cuentas y presentación de informes al final de la
gestión escolar por parte de la Junta Escolar ante la misma Asamblea General,
en coordinación con la Directora o Director de la Unidad Educativa, además
estos informes deben ser presentados a la Dirección Distrital de Educación y
los que transgredan serán sancionado de acuerdo a normativa vigente. En ese
sentido, la mayoría de las Unidades Educativas se comprometieron a cumplir con
la normativa.
Algunas Unidades Educativas de
prestigio no estarían recibiendo a estudiantes nuevos que habrían cambiado de
domicilio, por lo que se realiza el seguimiento correspondiente de las
denuncias realizadas en las Unidades Educativas y la Dirección Distrital de
Educación, precautelando el derecho a la educación de las niñas, niños y
adolescentes.
La mayoría de los
establecimientos verificados se encuentran en lugares donde viven familias
humildes y de escasos recursos. Se verificó que la Alcaldía no está realizando
trabajos de refacción en estos establecimientos y que todo corre por cuenta del
padre de familia.
Según consultadas dos madres de
familia en una Unidad Educativa del Distrito 8, los padres de familia están de
acuerdo que se pague un monto para un profesor de computación o realizar
trabajos comunitarios que se programen, con tal que la Unida Educativa esté
bien para que sus hijos pases clases cómodamente y que aprendan. Además,
reclamaron que la Alcaldía raras veces se acuerda de los colegios de zonas
alejadas; como sea el padre de familia tiene que sacrificarse, dicen ellas.
Un Presidente de una Junta
Escolar demostró, en la verificación defensorial, en qué invierten los fondos
que recaudan cada gestión. Se pudo observar que las aulas y fachadas estaban
recién pintadas, se conoce que estarían por equipar la sala de laboratorio de
química con los fondos que se recaude en esta gestión.
FUENTE: PRENSA DEFENSOR DEL PUEBLO
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