La ministra de Comunicación,
Amanda Dávila, afirmó ayer que el Gobierno no puede otorgar un salvoconducto al
senador Roger Pinto para que salga del país con destino a Brasil, donde se le
concedió refugio político, porque tiene procesos por delitos comunes.
“La Constitución Política del Estado claramente dice que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto y no puede aceptar un asilo político para una persona que tiene procesos en la justicia ordinaria por causas que tienen que ver con problemas comunes o delitos comunes y en este momento el senador Pinto está procesado por eso, porque senadores y diputados no tienen inmunidad”, dijo Dávila en conferencia de prensa.
La autoridad no precisó en qué parte de la Carta Magna se menciona esta prohibición.
Explicó que la negativa del Gobierno boliviano de no conceder el permiso para que Pinto deje la Embajada de Brasil, donde permanece desde hace 54 días, se debe a la posición constitucional respecto a que Bolivia no puede dar un asilo político a una persona procesada por delitos comunes en tribunales de justicia ordinarios. Indicó que esa fundamentación fue presentada al Brasil para que conozca del “error” que cometió al otorgar el asilo político a Pinto, acusado por más de 20 casos de corrupción, algunos de ellos cuando ocupaba el cargo de prefecto de Pando.
Sin un salvoconducto, que es un permiso diplomático, Pinto no podrá abandonar las instalaciones de la Embajada de Brasil en La Paz y pero aún dejar el país para beneficiarse de asilo.
Asimismo, la ministra Dávila acusó al embajador de Brasil de asumir una “vocería política” porque estaría presionando al Gobierno boliviano para que otorgue el salvoconducto al senador opositor Roger Pinto.
“(El Gobierno) no va a ceder a la presión de un embajador (Marcel Biato) que está (ejerciendo) en este momento, por eso hemos deplorado sus declaraciones asumiendo una vocería política y no un papel diplomático como debe ser”, dijo.
El diplomático brasileño pidió el martes al presidente Evo Morales “zanjar” el asilo político del senador opositor para evitar que a futuro se generen problemas que compliquen las relaciones entre ambos países.
Para el Ejecutivo boliviano, Pinto es una persona que tiene procesos ordinarios en su contra y no existe tal persecución política, como denunció el senador.
Contra Pinto pesan al menos 20 juicios por supuestos hechos de corrupción y desacato, este último iniciado por autoridades gubernamentales como el vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra anticorrupción Nardi Suxo, pero una vez que Brasil concedió asilo político al opositor ambos anunciaron que retirarán sus denuncias.
Dávila también manifestó que ambos países acordaron que el caso Pinto no será parte de un debate público, sino debe ser abordado por los canales diplomáticos. Pidió a Biato asumir la responsabilidad de haber aceptado al senador en sus oficinas.
“La Constitución Política del Estado claramente dice que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto y no puede aceptar un asilo político para una persona que tiene procesos en la justicia ordinaria por causas que tienen que ver con problemas comunes o delitos comunes y en este momento el senador Pinto está procesado por eso, porque senadores y diputados no tienen inmunidad”, dijo Dávila en conferencia de prensa.
La autoridad no precisó en qué parte de la Carta Magna se menciona esta prohibición.
Explicó que la negativa del Gobierno boliviano de no conceder el permiso para que Pinto deje la Embajada de Brasil, donde permanece desde hace 54 días, se debe a la posición constitucional respecto a que Bolivia no puede dar un asilo político a una persona procesada por delitos comunes en tribunales de justicia ordinarios. Indicó que esa fundamentación fue presentada al Brasil para que conozca del “error” que cometió al otorgar el asilo político a Pinto, acusado por más de 20 casos de corrupción, algunos de ellos cuando ocupaba el cargo de prefecto de Pando.
Sin un salvoconducto, que es un permiso diplomático, Pinto no podrá abandonar las instalaciones de la Embajada de Brasil en La Paz y pero aún dejar el país para beneficiarse de asilo.
Asimismo, la ministra Dávila acusó al embajador de Brasil de asumir una “vocería política” porque estaría presionando al Gobierno boliviano para que otorgue el salvoconducto al senador opositor Roger Pinto.
“(El Gobierno) no va a ceder a la presión de un embajador (Marcel Biato) que está (ejerciendo) en este momento, por eso hemos deplorado sus declaraciones asumiendo una vocería política y no un papel diplomático como debe ser”, dijo.
El diplomático brasileño pidió el martes al presidente Evo Morales “zanjar” el asilo político del senador opositor para evitar que a futuro se generen problemas que compliquen las relaciones entre ambos países.
Para el Ejecutivo boliviano, Pinto es una persona que tiene procesos ordinarios en su contra y no existe tal persecución política, como denunció el senador.
Contra Pinto pesan al menos 20 juicios por supuestos hechos de corrupción y desacato, este último iniciado por autoridades gubernamentales como el vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra anticorrupción Nardi Suxo, pero una vez que Brasil concedió asilo político al opositor ambos anunciaron que retirarán sus denuncias.
Dávila también manifestó que ambos países acordaron que el caso Pinto no será parte de un debate público, sino debe ser abordado por los canales diplomáticos. Pidió a Biato asumir la responsabilidad de haber aceptado al senador en sus oficinas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario