Redacción Central, 9 Jul. (LÍDER
/ ANF).- La tarde de este domingo y después de una larga audiencia dentro la
justicia indígena originaria realizada por las autoridades indígenas de los
Ayllus del norte de Potosí en la localidad de Chiro K´asa, se determinó la
liberación de los últimos tres rehenes: los dos ingenieros de la empresa minera
de Mallku Khota, Agustín Cárdenas y Fernando Fernández, además del cabo de la
Policía, Herbert Pérez.
En la audiencia estuvieron presentes las autoridades originarias de la
Federación de Ayllus del norte de Potosí, comunarios movilizados, los dos
ingenieros Agustín Cárdenas y Fernando Fernández, y como veedores el secretario
de la Gobernación potosina, René Navarro, el representante del defensor del
pueblo René Arroyo y la presencia de representantes del Ministerio
Público.
El Defensor del Pueblo de Potosí, René Arroyo brindó los resultados de la
audiencia de justicia indígena originaria que culminó la promediar las 12:50
horas. Informó que los dos ingenieros retenidos desde el pasado 28 de junio,
quienes presuntamente sacaron fotografías de un cabildo de los comunarios
vestidos como originarios del lugar, deberán realizar 1.000 adobes en un plazo
de 30 días.
“La sanción dada a los dos ingenieros es la de alzar 1.000 adobes, se les ha
dado a ambos y de debe cumplirse en el plazo de 30 días. René Arroyo representante
del Defensor del Pueblo es el garante”, reporto la radio Pio XII.
Entre tanto, las autoridades originarias determinaron dejar en libertad al cabo
de la Policía, Herbert Pérez, previa declaración ante el representante del
Ministerio Público. Sin embargo, la liberación es condicionada porque los
comunarios exigieron el esclarecimiento de la muerte de José Mamani de 45 años
de edad quien, según informé externo del médico forense, murió a consecuencia
de un impacto de bala en la cabeza.
Los tres retenidos fueron trasladados hasta la ciudad de Oruro, ante una
decisión de último momento que habría asumido el viceministro de Régimen
Interior, Jorge Pérez cambiando el destino que en primera instancia era el
municipio potosino de Llallagua, según denunció el representante defensorial.
Sin embargo, uno de los rehenes fue internado en un centro hospitalario de la
capital de Pagador por una descompensación en su salud.
Según Arroyo, los ingenieros se encontraban estables de salud, pero con
urgencia de una atención médica, en tanto el que mostraba mayores signos de
dolor era el efectivo policial que fue trasladada a uno de los vehículos
cargado en los hombros del representante defensorial.
En la recolección de elementos de convicción por parte del Ministerio Público
en el lugar de la muerte del comunario, Arroyo detalló que se encontró “parte
del lanza gas; 24 cartuchos de gas lacrimógeno usados; 30 cartuchos de balines
usados; 4 cartuchos de balines cargados, 13 cartuchos de municiones 9mm usados;
un cartucho de gas que tiene otras características, y una escopeta color
negro”.
Este inventario, dijo Arroyo, ha sido elaborado junto al fiscal de Llallagua,
Manuel Córdoba, la fiscal Wilma Blas de Sacaca, el alcalde del Municipio de
Chiro K´asa, además de Juvenal Mamani Ramos, hijo de la víctima y
Virgilio Huanca, Mallku de la Federación de Ayllus Originaos Indígenas del
norte de Potosí.
Acuerdo
La mañana del domingo, antes de realizar la audiencia originaria, el ministro
de Trabajo y los representantes de la Gobernación de Potosí, firmaron el
acuerdo con los Ayllus del norte de Potosí para pacificar la zona, entre los
puntos principales están la reversión de la concesión minera de Mallku Khota al
Estado, el de dar garantías a los comunarios para que no se los procese, y de
apoyar legalmente para defender al dirigente Cucac Cancio Rojas.
“El Gobierno se compromete a levantar todas las denuncias, pero al mismo tiempo
evitar cualquier persecución en contra de los dirigentes originarios campesinos
y sindicales. En cuanto se refiere a la liberación del compañero Cancio Rojas,
el Gobierno Departamental de Potosí se ha comprometido de apoyar con dos
abogados y al mismo tiempo coordinar las acciones de defensa con Derechos
Humanos. Existe el firme compromiso de nuestro gobierno de anular la concesión
de revertir al Estado boliviano el cerro Mallku Khota a favor del Estado
boliviano”, afirmó Santalla.
Además, el acuerdo estipula que el Gobierno con relación al fallecido José
Mamani realizará una “colaboración” de ocho mil bolivianos, de dar una fuente
laboral a la viuda o una persona que decida la familia. Además que el Ejecutivo
correrá con los gastos de los heridos. En lo que concierne a la petición de
renuncia del ministro de Minería, será el presidente quien determine. Y en
cuanto se refiere al proceso en contra de los policías que han atropellado las
vigilias el Ministerio Público iniciar una investigación.
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