martes, 30 de agosto de 2011

ESPERAN SENTENCIA POR CASO GENOCIDIO EN BOLIVIA

Gonzalo Sánchez de Lozada
Sucre, Bolivia, 30 Ago (LÍDER / PL).-  El abogado de las víctimas del llamado caso octubre negro de 2003, Rogelio Mayta, espera que hoy el tribunal dicte sentencia contra el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo en Estados Unidos.
Tras más de dos años, dijo, este proceso también contra ministros y exjefes militares por la represión contra una manifestación social con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos, llegará a su fin.

Mayta precisó que la etapa de presentación de pruebas, descargos y alegatos ha terminado.

La Fiscalía General presentó 328 testimonios y unas cuatro mil 900 pruebas contra el exmandatario y sus ministros que están acusados por genocidio, crímenes de lesa humanidad y delitos económicos.

Además señaló que fueron probados todos los escenarios de conflicto, muerte, lesión, tortura y menoscabo a los derechos humanos.

Agregó que la mayoría de divisiones del Ejército de Bolivia, algunas brigadas de la Fuerza Aérea y distritos navales fueron movilizados y trasladados a las ciudades de El Alto y La Paz para frenar la protesta social.

El Ministerio Público solicitó la pena máxima permitida por la ley, que es de 20 a 25 años de encarcelamiento.

Desde mayo último, los familiares de las víctimas mantienen una vigilia en las puertas de la actual Corte Suprema en la ciudad de Sucre para evitar nuevos obstáculos al proceso de los hechos sangrientos que ya duran casi ocho años.

En octubre de 2003, miles de vecinos bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a políticas de Sánchez de Lozada, como las de exportar gas a Estados Unidos por un puerto de Chile, a cuyo país Bolivia reclama una salida soberana al mar, perdida en 1879.

La revuelta lo obligó a renunciar y se refugió en Estados Unidos, seguido de algunos de sus ministros, como Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa, Jorge Berindoague, de Minería e Hidrocarburos, y Guido Añez, de Agricultura.

Otros tres imputados están en Perú: Jorge Torres, de Desarrollo Económico, Javier Torrez, de Salud, y Mirtha Quevedo, de Participación Popular.

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