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| Adrián Oliva |
La Paz, 1 Sept. (LÍDER).- Asambleístas de la opositora Convergencia Nacional se declararon este miércoles perseguidos políticos por denunciar casos de corrupción gubernamental y son objeto de investigación rigurosa desde la Unidad de Investigaciones Financieras (IUF) para encontrar algún hecho irregular y someterlos a juicios ordinarios.
Los asambleístas entre diputados y senadores a la cabeza de Adrián Oliva ofrecieron una conferencia de prensa para presentar la denuncia pública y a la vez hacer un recuento de varios casos de corrupción que, estando en conocimiento del Ministerio de Transparencia, no son esclarecidos, a pesar de los datos concretos que fueron proporcionados.
Oliva manifestó que IUF está buscando cualquier argumento para iniciar procesos con el único fin de eliminar la tuición de fiscalización reconocida en la Constitución Política del Estado, pero que tropiezan con esas acciones de investigación para sacarlos del escenario político.
El asambleísta dijo que es extraño, que luego de haber suscrito una carta dirigida a la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, haciendo conocer los hechos de corrupción que vinculan al Gobierno del presidente Evo Morales, estén siendo investigados en su patrimonio a un mes de formular las denuncias.
Oliva sostuvo que los asambleístas se declaran perseguidos porque están siendo afectados en su derecho a fiscalizar y en sus derechos fundamentales, porque no existe ninguna causa ni delito en contra para justificar que la Unidad de Investigaciones Financieras esté tomando acciones, además que no se sabe cuál es la institución o la autoridad que haya ordenado investigar a los asambleístas.
“Las mismas once personas que hemos realizado ese acto, hemos recibido la información que paradójicamente estamos siendo investigadas en nuestras cuentas, y queremos preguntar al presidente si en Bolivia si se va luchar contra la corrupción que se denuncia, o se va luchar contra los que denuncian la corrupción”, indicó.
Aseguró que esa situación demuestra el extremo de inseguridad jurídica al que están siendo sometidos todos los ciudadanos bolivianos, si se toma en cuenta que los asambleístas, a pesar de su investidura constitucional, son objeto de persecución.
La oposición acusó a la ministra Suxo de negligencia para aclarar múltiples denuncias que vinculan a funcionarios gubernamentales que fueron denunciados ante la Fiscalía del Distrito, donde no recibe el mismo tratamiento y seguimiento de celeridad como los casos que implican a los opositores.
FUENTE: NAN
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