La Paz, 19 Ene. (ANF).- La ley de imprenta cumple este jueves 87 años de vigencia y en todo el país, trabajadores de la Prensa revindican su importancia y vigencia. El fiscal general de la Asociación de Periodistas del La Paz (APLP), Antonio Vargas lamentó la posición adversa del gobierno de Evo Morales con los medios de comunicación.
Desde su promulgación en 1925 la norma intentó ser eliminada o modificada por diferentes gobiernos sin conseguir que se llegue a ese extremo. La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) convocó para este jueves a sus federaciones y sindicatos a realizar mítines para recordarla vigencia de la norma.
“La administración Morales es particularmente adversa al trabajo de la prensa, pues ve en ella un difusor de los actos de corrupción y de mala gestión. Por esta razón busca tejer un cerco a la libertad de expresión para tener una prensa servil y complaciente. Se cuestiona a la ley de imprenta porque representa el máximo estandarte de la libertad de expresión y porque en torno a ella se ha defendido la independencia de la prensa respecto del poder político y económico” afirmó Vargas en declaraciones a ANF.
A pesar de los intentos de varios gobiernos por eliminar la Ley de imprenta, durante sus 87 años de vigencia se dictaron leyes y decretos que refuerzan la vigencia de la ley de imprenta. “La ley de imprenta representa la voluntad del pueblo boliviano de contar con una prensa independiente, autorregulada y de servicio a la sociedad”, acotó Vargas.
En opinión del representante del gremio periodístico, los beneficios de la ley de imprenta no se los mide en función a los casos resueltos por los tribunales de prensa de los municipios sino por “la fuerza simbólica de respecto a la libertad” que representa.
Asimismo sugiere que únicamente se puedan generar mecanismos de ampliación de su radio de acción a los medios que usan las nuevas tecnologías.
Vargas lamentó los últimos cuestionamientos a la norma y la labor de los medios que surgieron en la cumbre social plurinacional convocada por el gobierno en pasadas semanas.
“Si bien no pretenden en sus conclusiones la modificación ni la actualización, buscan el manoseo político de un instrumento jurídico que ni siquiera se han molestado en leer. Además, sus decisiones no pueden ser vinculantes pues no tienen el mandato para ello, no son Asamblea Constituyente ni Asamblea Legislativa”, aseveró
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