La Paz, 24 Nov. (LÍDER).-
Integrantes de la Alianza de Organizaciones de las Mujeres por la Revolución
Cultural y Unidad socializaron el anteproyecto de Ley Integral para garantizar
a las mujeres el respeto, una vida digna y libre de violencia, cuyo objeto es
dar al Estado, los mecanismos para erradicar la violencia.
“Queremos que los índices
de violencia bajen y se erradique la violencia a través de la Ley Integral, que
crea juzgados especializados de violencia, establece la atención en las
unidades de la Felcc, el fortalecimiento de las Brigadas y los Slims, la
creación de casas de acogida temporal en áreas urbanas y rurales”, expresó la
responsable de Incidencia de la Articulación de las Mujeres por la
Equidad e Igualdad (Amupei), Lorena La Mar, en una conferencia de prensa
realizada en el Salón Rojo de la Cámara de Diputados.
Por su parte, la ejecutiva
Nacional de Trabajadoras del Hogar, Prima Oxa aseguró que no se tiene un
porcentaje de seguimiento a los casos de violencia e instó a la sensibilización
a asambleístas, fiscales y otras autoridades.
El anteproyecto contempla
diferentes tipos de violencia; la física, feminicida, psicológica, mediática,
simbólica o encubierta, por discriminación racial, sexual, a los derechos
sexuales y reproductivos, obstétrica, esterilización forzada, embarazo por
engaño o presión, interrupción forzada del embarazo, además de la violencia
económica, patrimonial, laboral, política, institucional y acoso sexual.
Esta normativa tiene por objeto
establecer y adoptar mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención
de la violencia, de atención, protección y reparación a las mujeres en
situación de violencia y de persecución y sanción a los agresores, para
garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, el respeto, una
vida digna y libre de violencia.
Asimismo, la propuesta establece
declarar de prioridad nacional la lucha contra todas las formas de violencia
hacia las mujeres, para lo cual los Órganos del Estado y entidades
territoriales autónomas adoptarán las medidas y políticas necesarias y
asignarán los recursos económicos y humanos suficientes, con carácter
obligatorio.
El anteproyecto se funda en el
mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, de garantizar a
todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir
violencia física, sexual o psicológica.
La norma establece también un
nuevo tipo penal, el feminicidio, que establece una sanción con privación de
libertad de treinta años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en
cualquier circunstancia. (Prensa Diputados)
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