La Paz, 18 Mayo (LÍDER).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de ley Nº 0437/2012-2013 de Protección a Personas Refugiadas, que tiene por objeto establecer un régimen de protección a personas solicitantes de dicha condición.
“Considero que hemos cumplido con la propuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Refugiados (ACNUR). Esta norma va a beneficiar a todas esas persona que de alguna manera están en peligro y que son perseguidas por diversos motivos en sus paises” aseveró la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, Ingrid Zabala, sostuvo que este proyecto es muy necesario para el país por los compromisos adquiridos por el Gobierno ante organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
“Esta norma determina que el Estado deberá establecer políticas para generar fuentes laborales para las personas refugiadas; amplía el plazo para las solicitudes de refugio; le da mayores atribuciones al Consejo Nacional para el Refugiado (CONARE); y les otorga mayores beneficios para que puedan gozar del buen vivir en nuestro país” señaló.
Asimismo, explicó que la norma establece que no se concederá refugio, a personas que ingresen de manera irregular al país; que hayan cometido delitos de lesa humanidad; que han cometido delitos comunes graves; y si habiéndole concedido esta condición comete algún delito en nuestro país será expulsado.
Este documento propone que el CONARE, que está conformado por los ministerios de Gobierno, de Justicia y de Relaciones Exteriores, será la instancia competente para determinar la condición de refugiada de una persona, así como la exclusión, cesación, cancelación, revocatoria y expulsión de la misma.
Asimismo, establece que el estar en condición de refugiado, impide cualquier solicitud y procedimiento de extradición iniciado contra de dicha persona.
La norma también refiere a la unidad familiar, entendida como un derecho esencial de la persona refugiada, por lo que la protección otorgada se extiende al entorno familiar dependiente.
En ese marco, se mantendrá la condición de los actuales refugiados en el país, que alcanzan a 858.
La Constitución Política del Estado, establece el derecho de los extranjeros a solicitar refugio, por persecución política, ideológica, de conformidad con las leyes y tratados internacionales.
“Considero que hemos cumplido con la propuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Refugiados (ACNUR). Esta norma va a beneficiar a todas esas persona que de alguna manera están en peligro y que son perseguidas por diversos motivos en sus paises” aseveró la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, Ingrid Zabala, sostuvo que este proyecto es muy necesario para el país por los compromisos adquiridos por el Gobierno ante organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
“Esta norma determina que el Estado deberá establecer políticas para generar fuentes laborales para las personas refugiadas; amplía el plazo para las solicitudes de refugio; le da mayores atribuciones al Consejo Nacional para el Refugiado (CONARE); y les otorga mayores beneficios para que puedan gozar del buen vivir en nuestro país” señaló.
Asimismo, explicó que la norma establece que no se concederá refugio, a personas que ingresen de manera irregular al país; que hayan cometido delitos de lesa humanidad; que han cometido delitos comunes graves; y si habiéndole concedido esta condición comete algún delito en nuestro país será expulsado.
Este documento propone que el CONARE, que está conformado por los ministerios de Gobierno, de Justicia y de Relaciones Exteriores, será la instancia competente para determinar la condición de refugiada de una persona, así como la exclusión, cesación, cancelación, revocatoria y expulsión de la misma.
Asimismo, establece que el estar en condición de refugiado, impide cualquier solicitud y procedimiento de extradición iniciado contra de dicha persona.
La norma también refiere a la unidad familiar, entendida como un derecho esencial de la persona refugiada, por lo que la protección otorgada se extiende al entorno familiar dependiente.
En ese marco, se mantendrá la condición de los actuales refugiados en el país, que alcanzan a 858.
La Constitución Política del Estado, establece el derecho de los extranjeros a solicitar refugio, por persecución política, ideológica, de conformidad con las leyes y tratados internacionales.
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