La Paz, 16 Nov. (LÍDER / GAMLP).-
Los avasallamientos en el Parque Nacional Mallasa persisten y se intensifican
con la tala de cientos de árboles y la construcción de medio centenar de
viviendas de ladrillo. Este hecho se constituye una vulneración flagrante de
las leyes nacionales y un delito ambiental, por lo que el Gobierno Municipal
volvió a exigir a las autoridades nacionales que asuman acciones para proteger
esta reserva ecológica y la salud de la ciudadanía paceña.
La Comuna paceña presentó
reiteradas denuncias ante los avasallamientos protagonizados por el Sindicato
Agrario Mallasa, desde diciembre de 2010. Sin embargo, hasta la fecha ninguna
autoridad nacional, departamental y policial asumieron acciones.
“Esa inacción ha determinado que
hoy podamos hablar de cientos de árboles que han sido talados, podemos hablar
de un enorme movimiento de tierra, podemos hablar de acciones sostenidas para
evitar los trabajos de cierre del ex relleno sanitario, lo cual se traduce en
un gravísimo daños ambiental. Y podemos hablar que las dos o tres
construcciones precarias que se advirtieron en enero de 2011, se han
multiplicado”, dijo la autoridad edil.
Estos hechos constituyen
violaciones a las normas vigentes y daño directo a la salud de la
ciudadanía paceña. Además, Susz afirmó que se está cometiendo delitos de manera
flagrante.
Delito forestal
A su turno el director Jurídico,
Fernando Velásquez, explicó que además de talar los árboles, se están
rellenando cárcavas, lo que pone en riesgo la seguridad de la población que
está habitando esa área.
Estas acciones constituyen
delitos forestales, destrucción o deterioro de bienes del Estado, riqueza
nacional y daño calificado. “El Gobierno Municipal de La Paz, a través de la
Dirección Jurídica, ha instaurado la acción penal contra los autores de estos
delitos. Esperamos que el Ministerio Público al ser un delito público, de el
impulso correspondiente”, afirmó.
Las autoridades municipales
esperan que esta acción penal esté acompañada por una acción directa sobre el
área, dentro del marco de sus competencias. Según el artículo 223 del Código
Penal este tipo de delitos son sancionados con uno a seis años de privación de
libertad.
También explicó que dentro del
orden jurídico y legal del país, existen normas que establecen la obligación
del Estado en la preservación ambiental. Es así que el artículo 342 de la
Constitución Política del estado (CPE) señala que es deber del Estado y la
población, conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos
naturales y la biodiversidad para tener el equilibrio del medio ambiente.
Esta disposición constitucional y
la ley que declara a Mallasa como Parque Nacional, han sido desconocidas u
omitida por las autoridades nacionales, a pesar que el Gobierno Municipal
extremó todos sus esfuerzos para que se asuman acciones de protección de este
sector paceño.
“Esta es una responsabilidad inicial
del nivel Central del Estado, por cuanto el Parque Nacional Mallasa fue
otorgado al municipio de La Paz, emergente de una expropiación inconclusa que
hasta el presente, el nivel Central del Estado no ha resuelto. Y éste es el
origen de todas las problemáticas que se están originando en el área”,
manifestó Velásquez.
Parque Nacional
Susz detalló que en 1956 este
sector de Mallasa fue declarado como Parque Nacional y el 2001 fue declarada
como área Protegida de Manejo Integral.
La Alcaldía ya advirtió a las
autoridades nacionales y a la ciudadanía en general, de la ocupación ilegal de
40 hectáreas en diciembre de 2010. Además de movimientos de tierra y de la
aparición de construcciones precarias y la tala de árboles.
Se iniciaron los primeros
procesos administrativos con la notificación a los ocupantes de la ilegalidad
de sus acciones. Paralelamente, el 21 de enero de 2011 se denunció el hecho
ante el Ministerio de Gobierno y se hicieron gestiones ante la Policía Nacional
para que efectúen acciones de desalojo de los avasalladores.
Pero estos pedidos del Gobierno
Municipal, no fueron atendidos por las autoridades nacionales. “Por tanto
incumplieron con sus obligaciones que por ley están claramente establecidos”.
La Alcaldía continúo advirtiendo
de estos avasallamientos y presentó una denuncia ante el entonces viceministro
de Régimen Interior, Marcos Farfán, por los destrozos a bienes y agresión a los
funcionarios municipales por parte de los miembros del Sindicato Agrario Mallasa,
que desde el 2010 avasallan este Parque Nacional.
Estas agresiones se reiteraron
varias veces. El 11 de octubre de este año, los funcionarios de la empresa
Tersa que se encarga del cierre del ex relleno sanitario de Mallasa, también
fueron agredidos de manera violenta por estos comunarios.
Nota al Ministro
Frente a ello, el 5 de noviembre
pasado, el alcalde Luis Revilla volvió a enviar otra nota al actual ministro de
Gobierno, Carlos Romero, y al actual comandante de la Policía Nacional, coronel
Víctor Maldonado, pidiendo que se asuman acciones inmediatas.
“La necesidad de una inmediata
acción por el agravamiento de los daños ambientales que se están
produciendo en el sector. Sin embargo hasta la fecha no hemos recibido ninguna
respuesta de parte de ninguna de las autoridades mencionadas”, expresó.
Por otra parte, la Dirección de
Gestión Ambiental también efectuó una primera representación ante el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua y ante el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el 11
de julio de 2011. En la misma se denuncia la tala de árboles y otros delitos
ambientales.
Esta misma denuncia fue reiterada
el 9 de agosto de este 2012 ante las mismas instituciones y ante las
autoridades de la Gobernación de La Paz. A pesar de estos reiterados reclamos
no existe ninguna respuesta.
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