Montevideo, 14 Nov. (LÍDER /
Reuters).- Los uruguayos podrán cultivar marihuana en su casa y consumir hasta
40 gramos por mes, aunque el Estado tendrá amplio control de la producción,
distribución y el uso de la droga, según un proyecto de ley del Gobierno y sus
partidarios que comenzará a ser discutido el miércoles en el Congreso.
En una medida que podría marcar
la pauta en Latinoamérica, una región golpeada por el narcotráfico y líder en cultivo
de drogas ilícitas, el presidente uruguayo José Mujica lidera la defensa del
proyecto argumentando que permitirá debilitar a los cárteles y reducirá la
delincuencia asociado al narco.
La coalición de Gobierno, Frente
Amplio, que cuenta con mayoría en el Congreso, reveló los detalles del proyecto
de ley que complementa la iniciativa remitida por la Presidencia al parlamento
en agosto.
"El Estado (...) asumirá el
control y la regulación de las actividades de importación, exportación,
plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título,
almacenamiento, comercialización, y distribución de cannabis o sus
derivados", dice el artículo 2 del proyecto de ley.
La iniciativa, que será analizada
por una comisión especial del Congreso, dispone de 37 artículos en los que está
planteado el autocultivo para consumo personal o para compartirlo en el hogar,
para lo que autoriza la propiedad de hasta seis plantas y una producción máxima
de 480 gramos mensuales.
El consumo por persona fue fijado
en 40 gramos cada mes, detalla el documento.
La iniciativa también establece
la creación de un registro de productores, consumidores y clubes de membresía.
Los clubes podrán tener un máximo de 15 integrantes, 90 plantas y una
producción de hasta 7.200 gramos anuales.
La discusión se da en momentos en
que México y varios países centroamericanos como Guatemala y Costa Rica piden
que se analicen las implicancias de la legalización de la marihuana.
En Uruguay ya se permite la unión
concubinaria y el aborto, y pronto se va a promover el matrimonio igualitario,
lo que pone al país en la primera línea de las reformas liberales en la región.
REGULADOR
El proyecto recomienda la
creación del Instituto Nacional del Cannabis (INCA) como responsable de la
regulación de la producción, acopio y distribución y aplicación de sanciones;
además de la aplicación de políticas educativas para informar sobre los riesgos
del consumo de marihuana.
Entre las sanciones contempla el
decomiso, destrucción de mercadería e inhabilitación de permisos, hasta multas
que van desde unos 600 dólares hasta unos 60.000 dólares.
El Gobierno espera que el
proyecto sea votado por la Cámara de Representantes antes de fin de año y que
resulte aprobado en los primeros meses del 2013.
Legisladores de la oposición han
expresado preocupación sobre la aplicación de la norma y han advertido del
peligro de que resulte el primer escalón para el consumo de estupefacientes más
peligrosos.
En América Latina se encuentran
algunos de los mayores productores mundiales de marihuana como Bolivia,
Colombia, Paraguay y Perú.
La iniciativa forma parte de un
paquete de 15 medidas que el Gobierno quiere aplicar para combatir la
inseguridad, entre las que aparece incrementar las penas a la corrupción
policial, al tráfico de pasta base y a los menores infractores.
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