La Paz, 5 Nov. (LÍDER / ABI).- El
presidente Evo Morales anunció el lunes que enviará el proyecto de Ley de
Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado a consideración del Tribunal
Constitucional para que emita un fallo sobre su legalidad, lo que implica la
suspensión del debate de esa nueva norma en la Asamblea Legislativa boliviana.
"El Gobierno nacional ha decidido, respetando el numeral 7 del artículo
202 de la Constitución Política del Estado, elevar el anteproyecto de Ley de
Extinción de Dominio para la consulta correspondiente", subrayó.
En una conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno, el Jefe de Estado
afirmó que el objetivo principal de esa norma es luchar contra el contrabando,
contra la corrupción, contra el narcotráfico y el crimen organizado y reveló
que ese documento fue debatido ampliamente en el Gabinete de Ministros.
"Busca afectar al crimen organizado en Bolivia, lamentablemente el
narcotráfico, el contrabando corrompe a la justicia boliviana. He visto
de cerca y como todos, no es posible que algunos que ostentan el poder
económico con el narcotráfico y con el contrabando tengan que corromper a la
justicia, por tanto afecta al Estado", justificó.
Sin embargo, dijo que en el debate público, desde la Asamblea Legislativa,
algunos sectores, algunos dirigentes observan que la norma sería
inconstitucional o anticonstitucional.
El Primer Mandatario aseguró que el Ejecutivo tiene todos los argumentos para
defender ese anteproyecto de Ley, no obstante, dijo que respetuoso de la
Constitución Política del Estado su Gobierno decidió enviar ese proyecto al
Tribunal Constitucional.
Dijo que el Ejecutivo escuchó distintas opiniones de personalidades,
constitucionalistas y dirigentes, opiniones que saludó, sin embargo, consideró
que "a lo mejor el Gobierno está equivocado", al justificar la
decisión de enviar el proyecto de Ley al Tribunal Constitucional.
"Mientras, se suspende el tratamiento en la Asamblea Legislativa
Plurinacional del anteproyecto de Ley enviado por el Gobierno Nacional de
Extinción del Dominio", complementó.
A su juicio, esa decisión es también una forma de escuchar a los distintos
sectores, pero también a las instancias del Estado.
En las últimas horas, transportistas y gremialistas anunciaron reuniones
nacionales para asumir medidas de presión en contra de ese anteproyecto de Ley
que consideran afecta sus intereses.
El proyecto de Ley establece que en caso de flagrancia de contrabando,
narcotráfico, enriquecimiento ilícito y corrupción, la Procuraduría procederá
al decomiso e incautación de todos los bienes que sean producto de alguna de
esas actividades ilícitas, otorgando a los afectados un plazo para que
presenten sus descargos.
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