La Paz, 30 Jun. (LÍDER).- El ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, tras su inhabilitación como postulante al cargo del Tribunal Supremo de Justicia, puso en duda la independencia de las futuras autoridades de Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional porque supone que serán dóciles al poder político de turno. “El mensaje es claro, sólo pueden llegar a esos cargos los que están dispuestos a bajarse los pantalones ante el poder”, manifestó en tono molesto tras su inhabilitación, consecuencia de la aplicación de la actual Constitución Política del Estado que prohíbe al ex Defensor postular a cargos electivos cinco años después de dejar el cargo.
Albarracín sostuvo que no existe una intención de transparentar el proceso de selección de candidatos judiciales o de promover el surgimiento de un Órgano Judicial independiente en las elecciones de sufragio popular del próximo 16 de octubre.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Sandra Soriano (MAS), dijo que fue inhabilitado porque según la Ley 1818 del Defensor del Pueblo debe esperar cinco años desde la última vez y Albarracín dejó de ser defensor en diciembre de 2008 y la Comisión le contabilizó dos años y seis meses.
El ex defensor dijo que a él no lo ha sacado del pueblo, sino el MAS con el argumento político. Indicó que Ley del Defensor del Pueblo fue promulgada en 1997 para una institución que ahora no existe y porque ahora se llama Defensoría del Pueblo con nuevos estatutos.
Recordó que cuando se postuló al cargo a la reelección como Defensor del Pueblo el 2010 no fue restringido en su habilitación porque el MAS tenía los dos tercios de voto en las manos, que le cerrarían las puertas a cualquier posibilidad, pero ahora, según dijo, la norma se aplica de acuerdo a la coyuntura e interés del oficialismo.
“No quieren que me postule porque no estoy dispuesto a traficar con la justicia”, declaró al lamentar su marginamiento de las elecciones a un cargo judicial, a consecuencia de una impugnación por impedimento constitucional.
La diputada Elizabeth Reyes dijo que el problema pasa por un reglamento mal hecho y a la medida del partido de gobierno para habilitar a sus candidatos, porque de los 580 primeros aspirantes, el 60 por ciento eran funcionarios públicos durante los dos gobiernos del MAS.
FUENTE: NAN
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