La Paz, 9 de Ago. (LÍDER / PL).- La ley de Telecomunicaciones promulgada en Bolivia permite el acceso universal a los servicios de información, comunicación y postal, destacó hoy una fuente gubernamental.
De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, la norma defiende el derecho de los sectores con menores ingresos y de aquellos grupos con necesidades especiales de acceder a estos servicios bajo parámetros de calidad y precios accesibles.
En términos generales, la disposición legal, suscrita la víspera por el presidente Evo Morales antes de viajar a China, prevé los derechos relacionados con la comunicación, educación, acceso al conocimiento, ciencia, tecnología y cultura, explicó.
El Gobierno también garantiza la privacidad de la comunicación por cualquier medio tecnológico o postal en concordancia con la Constitución Política del Estado (CPE).
Romero señaló que la medida establece además que esas comunicaciones no pueden ser interceptadas, interferidas, obstruidas, alteradas, desviadas, utilizadas, publicadas o divulgadas, salvo en los casos determinados por ley.
La nueva disposición define el plan nacional de frecuencias que reglamenta el uso equitativo y eficiente del espectro radioeléctrico.
La iniciativa establece que las frecuencias de radiodifusión se dividen en un 33 por ciento para el Estado, igual cantidad destinada al ámbito comercial, 17 por ciento para el sector social comunitario y similar porcentaje a los pueblos indígenas originarios y campesinos.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, apuntó que el objetivo es garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente de esos recursos.
Recordó que el proyecto fue enriquecido durante más de un mes con las observaciones y sugerencias de los distintos sectores sociales involucrados en el tema.
Elío igualmente aseguró que la nueva norma garantizará el espacio electromagnético para todos los medios, a partir de la distribución equitativa y democrática, con igualdad de condiciones entre el Estado y el sector privado.
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