EN EL PAÍS HAY 800 MENORES EN CENTROS DE RECLUSIÓN

Bolivia, 17 Nov. (El Deber).- Informes de Unicef indican que en el país hay 800 adolescentes en conflicto con la ley que están recluidos en centros de rehabilitación. La mayoría de ellos no tienen aún sentencia ejecutoriada y los delitos por los que están privados de libertad son abuso sexual y robo, con diferentes agravantes.

Sandra Arellano, oficial de protección de Unicef, detalló que solo un 30% de los 800 adolescentes que están en los centros de rehabilitación (12 a 14 años) y en las cárceles (16 a 18 años), tienen una sentencia ejecutoriada. El restante 70% está encerrado de forma preventiva, por los indicios que hay en su contra sobre la posibilidad de que hubiera cometido algún delito.

Arellano explicó que si bien la cantidad de infractores detallados en los informes que manejan es importante, es menor en comparación con la realidad que se vive en otros países, donde la violencia que generan es mayor, situación que nos permite evitar más complicaciones desarrollando políticas socioeducativas y de prevención en favor de los muchachos que están involucrados en la criminalidad.

Si bien estos son los porcentajes que se presentan a escala nacional, un ejemplo diferente es el que se vive en el centro para menores infractores Fortaleza. Allí actualmente hay 42 adolescentes de entre 12 y 16 años, de los cuales 26 ya concluyeron los trámites judiciales y solo 16 esperan el avance de sus procesos con medidas preventivas.

Vania Schawrm, directora del Servicio Departamental de Gestión Social, hizo hincapié en que se logró ejecutar la tarea bajo el respeto a los derechos humanos de los adolescentes. Asimismo, que la reeducación y retorno a la sociedad de los menores en conflicto con las leyes son aspectos que han convertido a Fortaleza en un centro modelo, pese a que atiende a más personas de las que caben en el establecimiento.

Ayer justamente se inició un taller en nuestra capital, para tratar el problema de los adolescentes en conflicto con las leyes y que ha empezado a visualizarse con mayor intensidad en este último tiempo, como ocurrió cuando vecinos de algunos barrios amenazaron con hacer justicia por mano propia si los muchachos que se reúnen en pandillas no son encarcelados.

Al parecer la intensidad de lo que se vive en Santa Cruz de la Sierra, no tiene muchos puntos de comparación con otros departamentos. La representante de La Paz, Ana Bazán, responsable del proyecto Suma Kamasiña, dijo que el asunto de las pandillas en la sede de Gobierno aún no es un fenómeno muy conflictivo, puesto que no hay una gran cantidad de menores en los espacios destinados para albergarlos.

Algo diferente ocurre en Cochabamba, puesto que allí el centro de menores infractores a la ley está sobresaturado. La responsable de este programa, María Elena Valencia, dijo que los problemas de las pandillas se incrementaron. “Nuestro presupuesto ha sido rebasado y estamos buscando alternativas. Actualmente en un centro para 30 infractores hay 60”, apuntó la delegada cochabambina.
Si bien estos representantes ven necesaria la creación de centros de rehabilitación, apuntan a un nuevo paradigma frente a la perspectiva de cambiar el encierro por la prevención y la educación.

Se debe reconocer el problema

Sandra Arellano | Oficial de protección de la UNICEF

Es importante que la comunidad reconozca que este (las pandillas) es un problema y que lo visualice como tal, pero a la vez también debe identificarlo como suyo. En una zona o un barrio donde un grupo de jóvenes se convierte en una amenaza, resultaría interesante que la gente propicie un debate, un análisis, para establecer las respuestas que debe dar la comunidad.
Se debe ver cada zona afectada, para identificar sus particularidades. Por ejemplo, si no hay educación secundaria allí, la comunidad debe pedir que haya una escuela para ese nivel, exigencia que también se debe plantear por la falta de áreas para actividades de control. También se debe reflexionar sobre lo que refleja la comunidad, si hay centros de expendio de bebidas alcohólicas, adultos que maltratan a su hijos y provocan escándalos, porque estos comportamientos se verán reflejados en los adolescentes. Si la comunidad reconoce que este es un problema suyo y no solo señala a los adolescentes como un problema, eso puede ser un gran paso. Es importante escuchar la voz de los adolescentes y recoger sus demandas.

26 muchachos serán llevados a Cenvicruz

Al menos 26 adolescentes infractores que están en el hogar Fortaleza serán trasladados al Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), informó Vania Schawrm, directora del Servicio Departamental de Gestión Social. Estos chicos tienen entre 12 y 16 años y están internados por orden de un juez del menor, por haber cometido delitos sexuales, asesinatos y robos, con sus diferentes agravantes.   
Con la llegada de estos muchachos a Cenvicruz, se iniciará una práctica de educación diferenciada con ellos, puesto que se piensa terminar con su sentencia en este recinto.
En esta primera etapa experimental solo irán los adolescentes que tengan sentencias ejecutoriadas y no así los que todavía esperan la conclusión de su proceso judicial. Se espera la modificación de la normativa de parte de Régimen Penitenciario para que este traslado se haga efectivo.  

   Los números  

98 jóvenes

Están en Palmasola
De este número de infractores que ya son imputables ante las leyes penales ordinarias, solamente uno tiene sentencia ejecutoriada

11 infractores

Con medida preventiva

De los 42 menores que están en el hogar Fortaleza, solo un cuarto no tiene sentencia ejecutoriada. Un 60% terminó su proceso judicial

26% por robo

Recluidos en la cárcel

Este es el delito en que más adolescentes han incurrido en Santa Cruz y que fueron enviados preventivamente al penal de Palmasola