La Paz, 23 jun (LÍDER/ABI).- El diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Marca, aclaró el jueves que Bolivia no se retirará de la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el protocolo de 1972, sino que denunciará la contradicción de derechos sobre el masticado de la hoja de coca (acullico), practica reconocida por la Constitución Política del Estado (CPE) y penalizada por la ONU.
Con esa aseveración, el legislador explicó que el proyecto de Ley, aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora se debatirá en el Senado, denuncia a la Convención Única de Naciones Unidas porque contiene un artículo contrario a la Carta Magna, que protege la coca como patrimonio cultural de Bolivia.
"No dice que Bolivia se ha retirado de la convención de Viena, no ese es el argumento, sino es discursivo de la oposición que no se apega a la realidad. Existe un conflicto de derecho, una contradicción inminente de derechos en ese instrumento denominado Convención Única de 1961 sobre estupefacientes", sostuvo.
Precisó que en el listado de estupefacientes se incorpora el "acullico" (masticado) de la hoja de coca, en contradicción a la CPE que preserva esa práctica ancestral.
El artículo 384 de la CPE establece que el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente.
"Existe esa contradicción, ante eso nos permite procedimientos internacionales y nacionales que están en la CPE y en los convenios internacionales. Se hace la denuncia ante esa inminente contradicción, ese es el tratamiento que se aprobó en el parlamento", reiteró.
En esa línea, insistió que en ese proyecto de Ley, que denuncia el Convenio de Viena no existe "un retiro ni siquiera temporal".
Sustentó esa prerrogativa del Estado boliviano o de cualquier otro firmante del convenio en el artículo 46 de la Convención de Viena, que establece que cualquier Estado podrá denunciar a la Convención mediante un instrumento escrito antes del 1 de julio de cualquier año para su aplicación desde el 1 de enero del año siguiente.
"El Órgano Ejecutivo ha decidió denunciar el convenio, que surtirá efectos desde el 1 de enero pero en estos seis meses el Estado boliviano continuará aplicando y siendo parte de todas las convenciones, en ningún momento se retira, al contrario se compromete a cumplir cualquier y todas las convenciones", argumentó.
Apuntó que el proyecto de Ley establece que el 1 de enero se tramitará la adhesión con la reserva a esa Convención, en la que el Estado boliviano "no acepta la penalización de la hoja de coca".
Por su parte, el diputado de la opositora Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, calificó la denuncia de "un tema extremadamente delicado" porque, a su juicio, el proyecto de Ley puede interpretarse como una forma de "fomentar" el narcotráfico.
"So pretexto del acullico se va a incentivar el narcotráfico esa es la verdad de fondo y eso es lo que debe entender la población, ya en el 1988 en la enmienda, que se hizo, se reconoce el uso tradicional del uso de la coca, en vez de andar en esa línea peligrosa de denunciar un convenio, que implica la no aplicación de ese convenio", dijo.
"No dice que Bolivia se ha retirado de la convención de Viena, no ese es el argumento, sino es discursivo de la oposición que no se apega a la realidad. Existe un conflicto de derecho, una contradicción inminente de derechos en ese instrumento denominado Convención Única de 1961 sobre estupefacientes", sostuvo.
Precisó que en el listado de estupefacientes se incorpora el "acullico" (masticado) de la hoja de coca, en contradicción a la CPE que preserva esa práctica ancestral.
El artículo 384 de la CPE establece que el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente.
"Existe esa contradicción, ante eso nos permite procedimientos internacionales y nacionales que están en la CPE y en los convenios internacionales. Se hace la denuncia ante esa inminente contradicción, ese es el tratamiento que se aprobó en el parlamento", reiteró.
En esa línea, insistió que en ese proyecto de Ley, que denuncia el Convenio de Viena no existe "un retiro ni siquiera temporal".
Sustentó esa prerrogativa del Estado boliviano o de cualquier otro firmante del convenio en el artículo 46 de la Convención de Viena, que establece que cualquier Estado podrá denunciar a la Convención mediante un instrumento escrito antes del 1 de julio de cualquier año para su aplicación desde el 1 de enero del año siguiente.
"El Órgano Ejecutivo ha decidió denunciar el convenio, que surtirá efectos desde el 1 de enero pero en estos seis meses el Estado boliviano continuará aplicando y siendo parte de todas las convenciones, en ningún momento se retira, al contrario se compromete a cumplir cualquier y todas las convenciones", argumentó.
Apuntó que el proyecto de Ley establece que el 1 de enero se tramitará la adhesión con la reserva a esa Convención, en la que el Estado boliviano "no acepta la penalización de la hoja de coca".
Por su parte, el diputado de la opositora Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, calificó la denuncia de "un tema extremadamente delicado" porque, a su juicio, el proyecto de Ley puede interpretarse como una forma de "fomentar" el narcotráfico.
"So pretexto del acullico se va a incentivar el narcotráfico esa es la verdad de fondo y eso es lo que debe entender la población, ya en el 1988 en la enmienda, que se hizo, se reconoce el uso tradicional del uso de la coca, en vez de andar en esa línea peligrosa de denunciar un convenio, que implica la no aplicación de ese convenio", dijo.
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