La Paz, 4 Ene. (ANF).- La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) anunció este miércoles que recurrirá a tribunales internacionales para presentar denuncia por la violenta intervención policial a la marcha del TIPNIS registrado el 25 de septiembre de 2011 en Yucumo. Esta determinación fue asumida tras conocer la decisión del Fiscal General del Estado, Mario Uribe, de excluir de la investigación del proceso al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera por no encontrar los elementos de prueba suficiente. “Estamos preparando el cuerpo de la denuncia ante las Naciones Unidas, también a la ONU que está en Ginebra ante el concejo de Derechos Humanos, también ante la Organización de Estados Americanos (OEA), vamos a utilizar todo el mecanismo internacional. Nos dimos cuenta que en nuestro país es muy sencillo ver como se maltrata a los ancianos, a las mujeres, niños y todo el vandalismo que hubo, por eso esperemos que la justicia internacional se encargue y haga buenas recomendaciones acá a los aprendices que administran justicia”, dijo Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB.
Por su parte, el abogado de los indígenas y ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, sostuvo que la decisión del fiscal General del Estado de absolver de responsabilidades al Jefe de Estado y Álvaro García Linera obedece a una “subordinación política” para proteger a las altas autoridades del gobierno.
Cuestionó la decisión de la justicia que instruyó concentrar todo el proceso de acusaciones en la ciudad de La Paz, cuando el caso debería llevarse a cabo en el departamento del Beni donde se ejecutó la represión violenta contra la marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“Es una absoluta subordinación política del conjunto del Ministerio Público hacia el gobierno, es decir lo digo con claridad, el Fiscal General no tiene la posibilidad objetiva de actuar bajo sus propios criterios o bajo parámetros legales, porque cualquier actuación viene ya digitada e instruida desde el Órgano Ejecutivo, pues lo que hace esta autoridad para conservar su cargo es obedecer esos instructivos que acabaron excluyendo a las dos autoridades, estamos seguros de que el ministerio publico los va a proteger”, señaló Albarracín a Unitel.
“Lo que se hizo en este caso no es correcto, es una medida fáctica que tiene el objetivo de evitar que alguno de estos casos salga de su control, o, de repente se le ocurre alguno de los fiscales actuar correctamente, salirse del control gubernamental y terminar acusando alguna autoridad, en concreto no se está investigando nada, sólo se está dilatando el proceso”, agregó.
Además de Morales y García, fueron denunciados los ministros de la Presidencia, Carlos Romero; de Obras Públicas, Walter Delgadillo; de Justicia, Nilda Copa; el viceministro de Justicia, Nelson Cox, y el director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas.
El ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, también está incluido en la demanda, el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, el general Óscar Muñoz y general Edwin Foronda Franco y los coroneles Víctor Santos Maldonado y Édgar Téllez Téllez, y el teniente coronel Moisés Méndez Ruiz.
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