La Paz, 3 Ene. (ANF).- Analistas políticos coincidieron en señalar que las nuevas autoridades judiciales deberán demostrar la independencia del Órgano Judicial, luego de haber sido preseleccionados por los dos tercios que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa y haber sido sobrepasados, en su mayoría, por el voto nulo y blanco en las elecciones del 16 de octubre. Este martes, 56 nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura serán posesionadas por el presidente Evo Morales en una ceremonia que se llevará a cabo en los ambientes de la Corte Suprema de la ciudad de Sucre.
La analista política Ximena Costa mencionó que estas futuras autoridades, por cómo fueron preseleccionadas, responden a intereses del MAS, sobre todo al haber sido elegidos en la Asamblea Legislativa con criterios que no contemplaban la meritocracia.
“No hay nueva justicia, será igual que antes una justicia dependiente del poder político, y peor que antes no se los han seleccionado con criterios meritocráticos, antes los tradicionales se cuoteaban, cada uno ponía a sus candidatos y en la pelea interna seleccionaban a la gente con mejores méritos para ganar la pelea interna, ahora un solo partido los ha seleccionado en base a criterios subjetivos”, manifestó.
Para el analista Carlos Cordero estas autoridades no obtendrán la legitimidad al ser posesionadas como nuevos magistrados y consejeros. Por esa razón, y por la forma en que fueron preseleccionados, su principal labor será demostrar que no tienen afinidad alguna con el Órgano Ejecutivo.
“Los resultados electorales nos han dicho que ganó el voto nulo y blanco, por tanto la reforma de la justicia comienza. Ojalá el gobierno los apoye con recursos económicos, pero que delegue también autoridad para que ejerzan independencia”, dijo el analista.
El abogado constitucionalista Carlos Alarcón mencionó que dos serán las tareas que deberán cumplir las nuevas autoridades: dejar de lado la persecución política que se ejerce contra algunas ex autoridades opositores al gobierno y segundo el de preservar y proteger los derechos humanos.
“Es una agenda de dudoso cumplimiento de estos jueces, porque han sido preseleccionados por su cercanía con la cúpula de gobierno, de aquí a unos cuantos años en adelante se deberá pensar en la reconstrucción del sistema judicial que pueda tener las condiciones básicas de independencia, imparcialidad y alta idoneidad técnica profesional”, expresó.
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