La Paz, 24 Nov. (ABI).- El Gobierno rechazó el jueves el informe del Defensor del Pueblo sobre la intervención policial a la marcha indígena en defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure ocurrida el 25 de septiembre en Chaparina-Yucumo, por su contenido sesgado y falta de objetividad.
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, en conferencia de prensa, en Palacio de Gobierno dijo que "es lamentable que se tuerza de esta manera una función del Defensor desviando la naturaleza del informe y generando un clima de previo juzgamiento de personas incriminadas".
El miércoles, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó el informe sobre los hechos ocurridos en Yucumo, en el mismo recomienda a la Fiscalía General y a otras instituciones gubernamentales adoptar las medidas necesarias para realizar una investigación transparente, objetiva, ágil y oportuna orientada a esclarecer los hechos, cuando estas acciones ya fueron encaminadas.
Chávez, puntualizó que el informe usurpa funciones del Ministerio Público y del Órgano Judicial porque determina una sentencia judicial e individualiza responsabilidades a los involucrados cuando el Defensor del Pueblo tiene otras atribuciones administrativas.
Aseguró que el Gobierno cumple y cumplirá las leyes, en especial, la jurisdicción judicial para garantizar la seguridad de las personas, "pero las recomendaciones y las conclusiones temerarias en algunos casos, son inatendibles".
Dejó establecido que las conclusiones no guardan relación con los sucesos del 25 de septiembre en Chaparina, porque en uno de los puntos recomienda a destiempo que se enjuicie a los incriminados, cuando el caso está en proceso y será el juez quien encamine el debido proceso.
Chávez mencionó que proporcionaron al Defensor del Pueblo todos los elementos para facilitar su trabajo, pero esta autoridad obvió la defensa de los derechos humanos.
En el informe dijo "es obviado que el Estado a través del Gobierno tiene la obligación constitucional de preservar la seguridad, defensa del Estado y asegurar que la población y los habitantes gocen de seguridad interna en el país".
El miércoles, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó el informe sobre los hechos ocurridos en Yucumo, en el mismo recomienda a la Fiscalía General y a otras instituciones gubernamentales adoptar las medidas necesarias para realizar una investigación transparente, objetiva, ágil y oportuna orientada a esclarecer los hechos, cuando estas acciones ya fueron encaminadas.
Chávez, puntualizó que el informe usurpa funciones del Ministerio Público y del Órgano Judicial porque determina una sentencia judicial e individualiza responsabilidades a los involucrados cuando el Defensor del Pueblo tiene otras atribuciones administrativas.
Aseguró que el Gobierno cumple y cumplirá las leyes, en especial, la jurisdicción judicial para garantizar la seguridad de las personas, "pero las recomendaciones y las conclusiones temerarias en algunos casos, son inatendibles".
Dejó establecido que las conclusiones no guardan relación con los sucesos del 25 de septiembre en Chaparina, porque en uno de los puntos recomienda a destiempo que se enjuicie a los incriminados, cuando el caso está en proceso y será el juez quien encamine el debido proceso.
Chávez mencionó que proporcionaron al Defensor del Pueblo todos los elementos para facilitar su trabajo, pero esta autoridad obvió la defensa de los derechos humanos.
En el informe dijo "es obviado que el Estado a través del Gobierno tiene la obligación constitucional de preservar la seguridad, defensa del Estado y asegurar que la población y los habitantes gocen de seguridad interna en el país".
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