La Paz, 26 Nov. (LÍDER / GAIA).- Un diagnostico realizado por el responsable del Programa Urbano de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Carlos Revilla, determinó que en Bolivia un 50 por ciento de la población que es parte de la masa laboral (alrededor de 2 millones) trabajan en condiciones ‘extremadamente precarias’. Este índice se habría duplicado en los últimos 10 años, en 2001 esta población solo representaba un 25 por ciento.
Según la información, la condición de empleo precario en las formas de trabajo (tanto antiguas, como nuevas) determina que tanto hombres como mujeres en edad laboral desempeñan sus funciones sin estar considerados por la seguridad social, con la inexistencia de un seguro laboral y sin acceder a una renta de seguridad adecuada.
“Del año 2001 a la actualidad, gran parte de la masa laboral activa del país ha pasado a tener un empleo precario extremo, cuando antes solo un 25 por ciento de los trabajadores del país tenía un empleo precario extremo ahora el 50 por ciento de los trabajadores del país tiene un empleo de este tipo, esto supone que exista una ausencia de seguridad social, una ausencia de seguridad industrial, malas condiciones laborales, dificultad para tener una renta de jubilación y otros aspectos negativos”, manifestó el especialista.
Los datos de UNITAS muestran que el 17,1 por ciento del total de trabajadores cuenta con una ocupación plena y adecuada, el 24 por ciento tiene un trabajo precario moderado y aproximadamente un 58 por ciento cuenta con un empleo precario extremo; el análisis también determina que desde el 2001, hasta la fecha, la tasa de desempleo en Bolivia no se redujo sustancialmente, aun bordea el 10 por ciento.
El representante también aseguró que muchas de estas falencias son resultado de la inexistencia de políticas que respalden los derechos laborales y aseguren su cumplimiento. Tampoco se crearían empleos desde el Estado y muchos proyectos al respecto habrían quedado en nada.
“Hay una ausencia de políticas que generen empleo con efectividad y esto viene desde la etapa de ajuste estructural donde hemos visto una mayor precarización del empleo. No hay creación de fuentes de empleo productivo y el Estado un poco se ha retraído de estas funciones, los pocos planes que han existido como ‘mi primer empleo digno’ u otros no han tenido la suficiente efectividad y no han alcanzado a la mayor parte de los bolivianos”, agregó.
Al respecto, informes del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), establecen que en el 2001 la precariedad laboral se instala en todos los sectores del mercado de trabajo, esto ocasionó que un 20 por ciento de la población ‘más rica’ acapare la mayor cantidad de ingresos, mientras que un 57,9 por ciento de la masa laboral apenas ganaba lo mínimo; el resto (12 por ciento) pertenecería al sector desocupado.
Violación de derechos
Informes del CELDA develan que en el país sólo el 17 por ciento de los jóvenes entre los 14 y 24 años de edad tiene un seguro social.
Mientras que un 62 por ciento de misma población tiene un trabajo precario, siendo el factor que mas vulnera sus derechos laborales, el trabajo por más de ocho horas y que reciban remuneraciones y beneficios menores a las permitidas por Ley.
Revilla aseguró que en los ámbitos laborales donde mayores deficiencias se registran, son el comercio, la industria manufacturera y la construcción. En todos esos rubros las mujeres y los jóvenes son los más afectados.
Problemática
Otras investigaciones muestran que de los cinco millones de trabajadores en Bolivia, que es la población económicamente activa, por lo menos dos están en el área rural, los cuales, con muy pocas excepciones son empleos precarios, porque no tienen contrato de trabajo, ningún tipo de seguro y su ingreso promedio es muy bajo.
En el ámbito urbano se estima que no más allá de un 35 por ciento, alrededor de un millón de personas (la tercera parte es funcionario público), tiene contrato, prestaciones de seguro y un sueldo relativamente alto, el resto son empleos precarios, por lo que se puede decir que entre tres y cuatro millones de personas están en empleos precarios o de precariedad extrema.
A nivel nacional solo un 20 por ciento de la población económicamente activa está protegida por la Ley General del Trabajo, por lo tanto el 80 por ciento restante está en una ocupación sin condiciones dignas, esto según otra investigación realizada por la Fundación para el Periodismo.
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