La Paz, 5 Dic. (LÍDER / ABI).- El
Ministerio de Gobierno denunció el martes que la red de influencias de la banda
de abogados extorsionadores incrustados en instituciones públicas se mantiene intacta,
pese a la captura de sus cabecillas visibles.
La denuncia se sustenta en los fallos indulgentes con que operadores de
justicia favorecieron a los involucrados en el caso del empresario Jacob
Ostreicher, víctima principal, entre decenas de otras, de la banda que
encabeza, de manera visible, el despedido asesor jurídico de ese despacho de
Estado, Fernando Rivera Tardío y quien arrancó al judío estadounidense decenas
de miles de dólares y bienes, luego de presionar para que se mantuviera encarcelado
sin sentencia en Santa Cruz, acusado de narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó de laxas las decisiones del
juez Juan José Zubieta que la noche del lunes al martes libró de culpa y cargo
al fiscal de Sustancias Controladas de Beni, Roberto Achá, en la segunda
audiencia verificada, paradójicamente, de madrugada, 3 días después que Rivera
Tardío, a nombre de su acólito Denis Rodas Limachi, convenciera al juez, a sola
petición verbal, que los alojara en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (FELCC) y no los mandara al Penal de Palmasola.
"Se toma la decisión de dejar en libertad al fiscal Achá sobre el cual
pesan acusaciones de formar parte de esta red de corrupción y extorsión, de tal
manera que se aprovechan, de repente las sombras de la noche. Luego las
decisiones del juez y el requerimiento fiscal son absolutamente laxos, primero
con los ex funcionarios del Ministerio de Gobierno (por Rivera Tardío y Rodas
Limachi) que, un poco más, y los detienen y pasan a detenerlos en el Hotel Los
Tajibos y con este fiscal que un poco más admite que su defensa puede hacerse
desde (el balneario dominicano de) Punta Cana, para ir un extremo en sentido
figurado, pero no nos gusta estas decisiones de la autoridad judicial, nos
llaman a la reflexión y creo que tenemos que ser mucho más vigilantes",
sostuvo.
Una cartilla de prensa del Ministerio de Gobienro, estableció que el avance de
la investigación sobre la red de corrupción y extorsión "ha permitido
revelar que los delitos de esa organización criminal se perpetraban en estrados
judiciales y oficinas de la Fiscalía donde los destituidos abogados ejercían el
abuso de poder en contra de litigantes, procesados y detenidos que indefensos
ante la manipulación de la justicia se veían obligados a satisfacer coacciones
en desmedro de sus propios intereses y el debido proceso".
El ministro Romero y su subrogante viceministro de Régimen Interior, Jorge
Pérez, señalaron la "intención cuestionable" de jueces y fiscales connividos
de favorecer con indulgencias judiciales a los involucrados en el caso que
sacude las fundaciones del sistema del ya desprestigiado sistema de justicia en
Bolivia.
"Las últimas actuaciones del juez cautelar y de los fiscales encargados de
esclarecer este caso de interés nacional han develado, no obstante, la
intención cuestionable de favorecer a los principales responsables de la red de
corrupción y extorsión que presumiblemente mantienen intacta su capacidad de
influencia y sometimiento de la justicia", afirma la cartilla.
"La madrugada del 1º de diciembre, el juez cautelar de la causa sentenció
en primera instancia que los cabecillas de la red de corrupción y extorsión,
Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi sean trasladados con detención
preventiva a la cárcel de Palmasola. Pero ante un pedido de los acusados, de
manera expedita y sin verificar el supuesto riesgo sobre la integridad de
Rivera y Rodas, la autoridad judicial determinó su traslado a celdas de la
FELCC", hizo notar el comunicado sobre la actuación laxa de los operadores
de justicia.
Sobre el trato que recibió Achá anotó que "la madrugada" del martes
"los fiscales del proceso contra la red de corrupción y extorsión dejaron
en libertad a su colega el fiscal Roberto Carlos Torres, acusado de haber
forzado la acusación contra el ciudadano estadounidense Jacob Ostraicher y
haber obligado al juez de ese proceso a cambiar una sentencia de libertad a
favor de esa persona".
El Ministerio de Gobierno advirtió que "ambas decisiones se manifestaron
entre las 12 de la medianoche y las 2 de la madrugada".
En declaraciones a UNITEL, Romero pidió considerar que jueces y fiscales
envueltos en el caso Ostreicher han mandado, en cambio, a funcionarios
administradores de mando medio fueron enviados sin empacho a la cárcel de
Palmasola.
"Resulta que ahora a Palmasola no van los principales acusados, van los ex
funcionarios administrativos de Dircabi (Dirección de Registro, Control y
Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico), y resulta que los
principales acusados tienen un trato absolutamente con mucho beneplácito",
ironizó.
Romero planteó su preocupación por la crisis profunda que se ha abatido sobre
la justicia en Bolivia y, más aún, sobre la calidad de la formación moral en las
facultades de abogacía.
"Nos preocupa, porque en el caso del Ministerio de Gobierno ha sido el
Ministerio de Gobierno el que inició una investigación, el que ha presentado
públicamente el caso y el que ha presentado una acusación en el ámbito
judicial, en el caso del Ministerio Público, nosotros esperamos lo mismo, así
sean sus propios integrantes, queremos que se actué con la mayor drasticidad y
apego a la legalidad", sostuvo.
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