martes, 4 de diciembre de 2012

Romero cuestiona actuación de juez y fiscales en caso de red de extorsión

La Paz, 4 Dic. (LÍDER / ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuestionó el martes las actuaciones del juez y la comisión de fiscales que tienen a su cargo la investigación del caso de la red de extorsión, que fue desbaratada la semana pasada, debido a que las decisiones se dictan durante la madrugada y favorecen a los principales implicados.


"No nos gusta esas decisiones de la autoridad judicial, nos llaman a la reflexión, creo que tenemos que ser más vigilantes con lo que pasa", dijo en entrevista con la red Unitel.

Romero se refirió en esos términos en alusión a la libertad dictada esta madrugada en la ciudad de Santa Cruz a favor del fiscal de Sustancias Controladas en Beni, Roberto Carlos Achá, involucrado en la red de extorsión, como también a la imputación contra los dos ex asesores del Ministerio de Gobierno, (Ribera y Rodas) de la cual se excluyó el delito de organización criminal, quienes, además no fueron enviados al penal de Palmasola, sino que guardan detención en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La autoridad anunció que estas situaciones serán analizadas para asumir las próximas acciones legales.

"Vamos analizar profundamente y de manera urgente porque no nos convence lo que se hace a nivel de comisión de fiscales y el juez", mencionó en entrevista con la red PAT.

Romero manifestó que el Ejecutivo aguarda que al igual que el Ministerio de Gobierno denunció a sus propios funcionarios, el Ministerio Público dicte lo que corresponde a justicia, aunque se trate de sus propios integrantes.

Reiteró que todas las personas que denuncien hechos de corrupción vinculados a la presente investigación gozarán de las seguridades del caso, porque es la única manera de esclarecer lo sucedido.

Según datos oficiales, al menos diez funcionarios formaban parte de una red de corrupción y extorsión que operaba en Santa Cruz y La Paz en el caso Ostreicher, ciudadano estadounidense quien denunció la pérdida de bienes que ascenderían a 15 millones de dólares en cargas de arroz, maquinaria y ganado retenidos por la Dirección de Bienes Incautados de Montero.

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