La Paz, 7 Mayo (LÍDER / ABI).-
El Gobierno anunció el lunes que convocará a la dirigencia de la Central Obrera
Boliviana (COB) para persuadirla de efectuar el paro de 72 horas que determinó
iniciar desde el miércoles, toda vez que no hay argumentos valederos.
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, dijo que "yo
creo que no hay motivo alguno para que los compañeros de la Central Obrera
Boliviana (paren), saben que estamos negociando en diferentes mesas, hemos
estado avanzando con algunos puntos, que están planteados en su propio pliego
petitorio. Acá es una determinación que no debía llevarse adelante, y para el
efecto también se está convocando a los dirigentes", indicó.
La COB enarbola como principal reivindicación la abrogación
del Decreto Supremo 1126, que restablece las ocho horas de labor para el sector
de salud pública, además de la atención a otros puntos consignados en el pliego
petitorio.
No obstante, según el Gobierno, la presión carece de
argumento, luego que el presidente Evo Morales anunció la
"suspensión" de la norma.
En ese sentido Santalla señaló que se convocará a la COB
para analizar la situación de los conflictos en salud, toda vez que el
presidente Evo Morales determinó suspender la aplicación del decreto
conflictivo.
"Quizá sea el conflicto de salud y para el efecto
también se está convocando a los dirigentes, para ver, porque el Presidente
(Evo morales) ha determinado suspender el Decreto Supremo de las 8 horas",
sostuvo.
Por su parte el dirigente de la COB, Octavio Urquizo, indicó
que "si hay una invitación por supuesto que se va a aceptar, pero hay que
analizar".
Sin embargo, manifestó que evaluarán la situación de sus
medidas de presión a través del Comité Ejecutivo.
"Este tema nos toca analizarlo aquí en el Comité
Ejecutivo, lo vamos a analizar con profundidad y a partir de eso que hace la
COB como dirección, para ver qué camino tomamos después del paro de 72
horas", informó.
La COB ratificó un paro de 72 horas desde el miércoles,
además de movilizaciones callejeras, entre otros aspectos, en rechazo al
incremento salarial dispuesto por el Gobierno del 8% para salud y educación y
de casi el 23 % al mínimo nacional.
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