La Paz, 26 Ene. (ANF).- Convergencia Nacional calificó de represalia judicial y cortina de humo la nueva imputación judicial interpuesta contra su principal dirigente el ex prefecto de Cochabamba y ex candidato Presidencial, Manfred Reyes Villa, a causa de la ausencia de esta fuerza de oposición en el diálogo convocado por el presidente Evo Morales.
El diputado de Convergencia Nacional, Mauricio Muñoz, recordó que se pidió al Jefe de Estado amnistía y el debido proceso para Reyes Villa y la libertad para Leopoldo Fernández, pero el Gobierno optó por responder con el “recrudecimiento de hostilidades” contra los opositores tal es el caso de los gobernadores Ernesto Suárez y Rubén Costas.
Reyes Villa, sobre quien pesan más de una decena de demandas interpuestas por el gobierno del MAS, fue recientemente imputado por la venta supuestamente irregular de un inmueble de su propiedad durante la campaña presidencial 2009.
Según explicó el abogado defensor de Reyes Villa, Alberto Trigo, en conferencia de prensa a medios cochabambinos, el caso es de derecho privado y no existiría ningún afectado que haya interpuesto demanda, sino que el gobierno se ha constituido en parte en un contrato de venta entre dos particulares.
“Es inadmisible que el disgusto del gobierno por nuestra ausencia en su cumbre política se traduzca en una respuesta como la re-judicialización de Manfred, no dejaron que pasara ni una semana y ya los fiscales del gobierno se encargaron de recordarnos a quién sirve la justicia en Bolivia”, manifestó Muñoz.
Considera que el presidente Morales necesita distraer la atención de la opinión pública para minimizar su acelerado desgaste político a causa de la violenta represión a la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) registrada el 25 de septiembre de 2011, la derrota en las elecciones judiciales donde el voto nulo y blanco se impuso, las elecciones municipales de Sucre y Quillacollo con resultados contrarios para el MAS, los hechos luctuosos de Yapacaní que dejaron tres muertos.
La indiferencia de las autoridades gubernamentales contra la caravana de las personas con discapacidad, el desmesurado crecimiento del narcotráfico en el territorio nacional y el “estancamiento del desarrollo productivo en el país, la baja ejecución presupuestaria en los gobiernos departamentales y municipales que se encuentran en manos del partido en función de gobierno, “son los hechos que el gobierno quiere tapar”, sostuvo Muñoz.
“Nosotros fuimos los que en el año 2002 encauzamos el verdadero proceso de transformación, pero nuestra propuesta era de un cambio positivo, de unidad, inclusión, democracia, pluralismo, respeto a los Derechos Humanos, desarrollo económico y no de una política estéril frente al narcotráfico. Bolivia sabe que somos portadores de una vocación patriótica, de una capacidad de trabajo transformador de las estructuras y de una voluntad unitaria que no se rendirá ante la adversidad; por eso el régimen nos persigue, nos calumnia y nos reprime. Haga lo que haga el gobierno, su deslegitimación es cada vez más acelerada y las cortinas de humo solo hacen que su desgaste sea nítidamente visualizado nacional e internacionalmente”, dijo el legislador.
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