CORRUPCIÓN: APLICAN LEY MARCELO QUIROGA CONTRA EX ALCALDES, EX FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

Cochabamba, 22 Dic. (ANF).- Tres ex alcaldes del Movimiento al Socialismo (MAS), cinco ex funcionarios, un dirigente del control social y tres empresarios contratistas fueron encarcelados en diferentes oportunidades durante la gestión 2011, en estricta aplicación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Los casos fueron denunciados por las actuales autoridades municipales de Arque, Morochata, Quillacollo y Vinto, procesos investigados por fiscales anticorrupción y sancionados por jueces que atendieron las causas por presuntos delitos de corrupción: enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros.

La noche del pasado miércoles, el ex alcalde de Arque, Luis Alberto Mérida, junto a otros cuatro ex funcionarios ediles y un contratista fueron encarcelados por un juez de ese municipio, acusados de malversar dineros en la construcción de dos sistemas de microrriego en Berenguela y Vizcachani por un monto que supera el millón de bolivianos.

Según un informe del fiscal de Distrito, Camilo Medina, dos de los acusados guardan detención preventiva en el penal de San Sebastián, tres en la cárcel San Pablo de Quillacollo y uno en San Antonio.

“Vamos a continuar impulsando y fiscalizando todos los procesos contra ex autoridades municipales, funcionarios y contratistas implicados en corrupción, en estricta aplicación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. En Cochabamba más de 20 casos de corrupción son investigados por la delegación del Ministerio de Transparencia, que estamos en la obligación de cooperar”, dijo.

Por su parte, el asambleísta departamental de Arque, Benjamín Vidaurre, confirmó que los acusados por corrupción fueron detenidos la mañana del miércoles pasado en ese municipio y sometidos a una audiencia de medidas cautelares, determinando su detención preventiva por la gravedad de los delitos.

Informó que los hechos de corrupción se cometieron en las gestiones de los ex alcaldes masistas, Luis Alberto Mérida e Hilarión Valencia Navi, entre los años 2005 a 2010. Arque figura en el contexto departamental y nacional, junto a Tapacarí y Bolívar, como el municipio más pobre del país y Latinoamérica.

Los ahora privados de libertad, fueron denunciados de cobrar “diezmos” a las empresas que se adjudicaron las obras, las mismas que eran abandonadas a medio construir, provocando daño económico al Estado y perjuicios a los agricultores.

“Los acusados deben pagar caro sus delitos en las mencionadas cárceles y además que deben devolver los dineros cobrados ilegalmente, causando daños a las comunidades que se quedaron sin agua potable”, dijo Vidaurre.

OTROS CASOS: Según informes del fiscal de Distrito, Camilo Medina, y corroborados por la delegación del Ministerio de Transparencia, a estas nuevas ex autoridades municipales y un contratista de Arque, se suman los casos de los exalcaldes de Quillacollo y Vinto, Hugo Miguel Candia y Pacífico Otalora.

Miguel guarda detención en el penal San Pablo de Quillacollo acusado de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso de la cancha Antofagasta. En junio de 2010 fue encarcelado en el penal San Sebastián por el caso del matadero frigorífico por haber anticipado 2 millones de bolivianos a la empresa Gaza, cuyo propietario Mamerto Vaca también está preso desde octubre pasado en San Sebastián.

La ex autoridad edil En su defensa argumenta que es víctima de una confabulación política destinada a tapar hechos de corrupción de dirigentes y ex autoridades de Gobierno del MAS. “Soy un chivo expiatorio de una supuesta lucha contra la corrupción, cuando muchos ex funcionarios ligados al MAS se pasean impunes”, agregó.

Otalora purga sus culpas en el penal de San Sebastián por denuncias de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, aunque arguye que es víctima de una venganza de ex concejales.

Por otra parte, el ex dirigente del Comité de Vigilancia de Morochata, Darío V., acusado de no haber rendido cuentas en las gestiones 2009 y 2010 ocasionando un daño económico al municipio, guarda detención domiciliaria debido al hacinamiento en los penales de Cochabamba y al rechazo de los internos al ingreso de más reclusos.

A su vez, el propietario de la empresa Forja, Roberto Marcelo de Udaeta, está encarcelado en San Sebastián por una supuesta estafa a la Alcaldía de Quillacollo en el proyecto de ampliación del hospital de Villa Moderna.

Según los antecedentes judiciales, el empresario afronta cargos por incumplimiento de contrato y enriquecimiento ilícito. Se lo sindica de haber desviado al menos un millón 600.000 bolivianos del proyecto de ampliación, que no se realizó de acuerdo con las normas establecidas.

La constructora Forja se adjudicó el proyecto en 2007 y debía concluir los trabajos a fines de ese año, en la gestión de Hugo Miguel Candia Junto con Udaeta son procesados el supervisor de la obra, Natalio Bernal, y se abrió una nueva investigación por este caso contra el ex alcalde, Hugo Miguel Candia.