La Paz, 16 Oct. (NAN).- La popularidad del presidente Evo Morales vuelve este domingo a las urnas de la mano de una inédita elección judicial, que los partidos políticos de la oposición lo tomaron como un plebiscito, después de gruesos errores de administración que obligaron al mandatario a retroceder bajo presión de los mismos sectores que lo llevaron al poder. El jefe de Estado en uno de sus últimos contactos con la prensa, recordó el sábado que en la elección del 2009 se batió un record de asistencia ciudadana. “Yo creo en el pueblo boliviano que es tan democrático, que el 2009 ha sido un record en Bolivia y creo record en todo el mundo, de cerca al 95% participarán con su voto, menos del 5% de abstención”, declaró en Cochabamba.
Admitió que pueden existir algunos problemas de último momento por el hecho que algunas familias o algunas personas no hayan sufragado, pero “sobre un 95% de participación es una vocación democrática del pueblo boliviano y por eso estoy seguro que el pueblo nuevamente va a participar” en las elecciones.
Durante los últimos doce meses, la popularidad del Jefe de Estado se vio cuestionada por el decreto del gasolinazo, la ruptura con la Central Obrera Boliviana por el aumento salarial y su pliego aún pendiente de atención, conflicto con los choferes por la renovación del parque automotor, demandas regionales en Potosí y Oruro por tema limítrofe que pusieron en apuros al Gobierno.
LOS TRAPIES DE MORALES
Morales dio paso atrás en el gasolinazo después de un contundente rechazo nacional; rectificó el aumento salarial pero se distanció de la COB; retrocedió ante los choferes pero mantiene pendiente el malestar en Oruro y Potosí.
Sin embargo el mayor golpe político, lo ocasionó el alejamiento de su aliado político, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) que encabeza una marcha de 60 días de los indígenas del TIPNIS en rechazo a una carretera por un parque nacional, poniendo en tela de juicio la fama internacional de “presidente indígena y defensor de la madre tierra”.
La marcha y la posterior represión policial ocasionaron una dura crisis política de los últimos cinco años por las renuncias de dos ministros de su Gabinete, las versiones contradictorias sobre la responsabilidad política de la orden de intervención y la condena popular a esa acción que levantó una solidaridad nacional con los indígenas.
Este ambiente de conflicto social enturbió la campaña del Tribunal Supremo Electoral y lo que debió ser una elección apolítica, se convirtió en una suerte de plebiscito donde se juega la credibilidad y popularidad del Jefe de Estado, frente a una campaña de la oposición en contra de las elecciones y la administración del MAS.
El jefe del MSM, ex aliado de Gobierno ahora opositor, Juan del Granado, y el acaudalado empresario Samuel Doria Medina, jefe opositor de UN, encabezaron la campaña del voto nulo para poner en riesgo la legitimidad de las futuras autoridades judiciales e interpretar esa manifestación como una reprobación ciudadana
EN MANOS DE 5.2 MILLONES DE BOLIVIANOS
Al frente, los oficialistas hicieron suyo el desafío opositor y para demostrar que el presidente Morales continua con apoyo popular, movilizó el 12 de octubre una masiva concentración de sectores sociales ligados al MAS y con la obligada concurrencia de los empleados públicos, bajo amenaza de despido.
En la ocasión, Morales lanzó su oferta de reivindicación con los sectores sociales ahora alejados del Gobierno para hacer en diciembre una agenda ampliamente participativa para encarar la mitad de su gestión que se iniciaría en enero del 2012.
En medio de este escenario, 5.2 millones de bolivianos están habilitados para sufragar y elegir un total de 28 magistrados titulares y 28 suplentes de entre 122 candidatos elegidos por los dos tercios del MAS en la Asamblea. Las nuevas autoridades tendrán un mandato de 7 años.
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