La Paz, 19 Oct. (ANF).- Los indígenas defensores del TIPNIS entrarán este miércoles al centro de la ciudad de La Paz, en la culminación de una histórica marcha de 600 kilómetros de recorrido y más de dos meses de duración. Su arribo a la sede del gobierno pondrá fin a nueve semanas de agravios y penurias de toda índole, incluida la violenta represión policial de Yucumo, en una odisea que fue descrita por su líder, Fernando Vargas, como un verdadero vía crucis.
“Como nos pidió Jesús, cuando nos dijo ‘toma tu cruz y sígueme’, nosotros cargamos nuestra cruz y salimos al camino. Y, como Jesucristo, fuimos maltratados, insultados y golpeados”, declaró Vargas a la agencia Fides durante la marcha.
El contingente, integrado inicialmente por unos 700 indígenas, partió de Trinidad el 15 de agosto pasado, en una caminata que ya entonces se perfilaba difícil ante la negativa del gobierno a negociar con los marchistas sobre la construcción del polémico tramo dos de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.
Tras conquistar La Cumbre y entrar a Urujara, una pequeña localidad ubicada en la puerta misma de La Paz, los marchistas recibieron este martes una cálida recepción de los vecinos del lugar, en un anticipo de la triunfal bienvenida que les espera en la sede del gobierno.
Los líderes de la caminata, Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y Fernando Vargas, dirigente de la Subcentral del TIPNIS, confían en que serán recibidos por el presidente Evo Morales, a .quien esperan plantearle su plataforma de 16 demandas.
Fernando Vargas sostiene que el esfuerzo de los marchistas ha tenido hasta ahora un rédito político innegable.
”Ha despertado la conciencia de los bolivianos y ha logrado unir a todo el país en torno a la defensa del medio ambiente”, dijo recientemente a la agencia Fides al hacer un breve balance de la caminata.
Su llegada a La Paz se producirá en un momento crítico para el gobierno tras la derrota del voto válido en las elecciones judiciales del domingo pasado, impulsado por el presidente Evo Morales, y la consiguiente victoria del voto nulo, un resultado que según observadores independiente ha provocado el lógico desgaste político de la figura presidencial .
Ya antes el gobierno sufrió una primera crisis provocada por la represión policial del 25 de septiembre en Yucumo, que determinó la renuncia del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y de su colega de Defesa, Cecilia Chacón, así como del viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán.
Varios intentos de negociación, emprendidos por los ministros de la Presidencia y Obras Públicas, Carlos Romero y Walter Delgadillo, respectivamente, y por el propio canciller David Choquehuanca, terminaron en nada ante la negativa del gobierno de retroceder en la construcción de la carretera y el no terminante del presidente Evo Morales a dialogar con los marchistas en el trayecto de la caminata.
Vargas no está seguro de que el mandatario haya cambiado de opinión respecto a los temas centrales del conflicto. “En realidad, no sé qué decir”, dijo a la agencia Fides al ser consultado sobre un posible encuentro con Morales.
A lo largo de las últimas semanas, el gobierno acusó a los dirigentes de la marcha de alentar planes electorales en alianza con algunas organizaciones no gubernamentales, de estar al servicio de los madereros, de sostener contactos con la embajada de Estados Unidos, de recibir financiamiento de USAID e incluso de intentar boicotear las elecciones judiciales, acusaciones que fueron rechazadas por los líderes de la caminata.
Morales dijo en varias ocasiones que el pliego de 16 puntos de los indígenas es “inatendible” y que la consulta previa no puede ser vinculante, aunque algunos de sus ministros lo contradijeron en los últimos días.
La marcha tuvo un momento de gran tensión cuando, tras el fracaso de una nueva rodan de negociación, un grupo de mujeres obligó a Choquehuanca a encabezar la columna para romper el bloqueo de policías y colonizadores en el puente San Lorenzo, cerca de Yucumo, el 24 de septiembre.
El gobierno acusó a los marchistas de haber “secuestrado” y tomado como “rehén” al canciller para utilizarlo como “escudo humano”.
Al día siguiente la policía intervino la marcha de forma violenta, a golpes y con gases lacrimógenos, arrestando a cientos de marchistas, hombres y mujeres, y a sus principales dirigentes, en un operativo que dejó un saldo de 280 lesionados, según cifras de los marchistas.
Hasta ahora no se sabe quién dio la orden para la represión. Tanto el presidente Evo Morales como su entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, negaron cualquier responsabilidad.
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