
Berlusconi, que tampoco podrá
ejercer cargos públicos, fue juzgado por aumentar artificialmente el precio de
los derechos de difusión de filmes, comprados por sociedades pantalla de su
propiedad y vendidos a su imperio audiovisual Mediaset, un sistema que permitía
al grupo reducir los beneficios en Italia y pagar menos impuestos.
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