La Paz, 24 Oct. (LÍDER / EFE).- El Tribunal Constitucional de Bolivia
anuló el delito de desacato porque ha generado una desigualdad a favor de los derechos
de los funcionarios del Estado que recurren con frecuencia al mismo para
denunciar a políticos y empresarios opositores, informaron hoy fuentes
legislativas y judiciales.
El presidente del Constitucional, Ruddy Flores, afirmó ante los
periodistas que el desacato queda "expulsado" del Código Penal tras verificar que ha provocado una desproporción en la
ponderación del honor de un funcionario público y el de un ciudadano de a pie.
"El
Tribunal Constitucional considera que esas desproporciones no pueden ser
sancionadas o tipificadas como delitos en el marco de los tratados
internacionales que rigen la libertad de expresión", dijo Flores, según
declaraciones difundidas hoy por los medios.
El delito
anulado, bajo resolución del pasado 20 de septiembre, señala que quien
"por cualquier medio calumnie, injurie o difame a un funcionario público
en el ejercicio de sus funciones será sancionado con privación de libertad de
un mes a dos años", pena que será agravada si quien es ofendido es el
presidente u otra alta autoridad del Ejecutivo, Congreso o Poder Judicial.
El
Constitucional también resolvió que la ley anticorrupción denominada "Marcelo
Quiroga Santa Cruz" de 2010 no tenga aplicación retroactiva como aprobaron
partidarios del presidente Evo Morales para juzgar el manejo económico de los
anteriores Gobiernos.
El desacato ha
sido usado con frecuencia por ministros de Morales para denunciar a los líderes
opositores por supuestos insultos e injurias, aunque estos sostenían que eran
críticas y no ofensas.
Por desacato fueron denunciados el gobernador de la región de Santa
Cruz, Rubén Costas; los senadores Roger Pinto, Eva González, los diputados
Norma Pierola y Adrian Oliva, el empresario de aviación Humberto Roca, todos
opositores y críticos de Morales.
Pinto, que está
refugiado en la embajada de Brasil en La Paz desde hace 150 días, enfrenta seis
denuncias por desacato de diversas autoridades del Gobierno, según datos de la
prensa.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ya expresó este año su
preocupación por la proliferación de las acusaciones de este tipo contra
asambleístas, personalidades políticas, abogados y periodistas y recomendó al
Estado despenalizar este delito porque consideraba que se viola la libertad de
expresión.
El senador
opositor Germán Antelo, que es uno de los que presentó una demanda ante el
Constitucional para que se pronuncie sobre el desacato, dijo hoy a Efe se trata
de un "triunfo legal" que no solo hará justicia para la oposición,
sino para decenas de personas acusadas por ese delito por parte de funcionarios
públicos.
"Es un
triunfo de la seguridad jurídica y el debido proceso", apuntó, al señalar
que la denuncia por este delito buscaba "generar miedo y temor" entre
la gente y afectar su derecho de expresión.
Una de las
argumentaciones usadas por Antelo fue que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ya se había pronunciado contra la existencia de ese delito en otras
legislaciones nacionales.
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