Quito, 9 Dic. (CAOI).- Los pueblos indígenas debemos participar en la definición de las políticas nacionales y no limitar la consulta a decir sí o no a determinado proyecto que ya está elaborado, sostuvieron hoy los representantes de las organizaciones integrantes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) durante el desarrollo del Seminario sobre el Derecho a la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado, en Quito, Ecuador.
En la mesa de intercambio sobre experiencias en la aplicación del derecho a la consulta, los participantes insistieron en que la consulta solo puede cumplirse en un derecho efectivo si está vinculada al consentimiento previo, libre e informado. Se trata de ejercer nuestro derecho a la libre determinación, que implica el respeto a nuestros territorios,
nuestras culturas, nuestra autonomía, subrayaron.
Indicaron además que las organizaciones indígenas, ante cada dificultad, no se limitan a denunciar sino que presentan propuestas. En el tema materia del Seminario, tres de las cuatro organizaciones integrantes de la CAOI han elaborado propuestas de ley de consulta (Bolivia, Perú, Ecuador), las cuales han sido archivadas o modificadas por los Parlamentos.
Solo Perú cuenta con una ley de consulta promulgada, pero esta no se ajusta al Convenio 169 de la OIT y en cambio recorta sus alcances. En el caso de Colombia, se realizan consultas en virtud de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, que exige este procedimiento para declarar la validez de una norma o un proyecto. Sin embargo, las condiciones de su realización son totalmente adversas para los pueblos indígenas.
Los problemas son comunes en los cuatro países: falta de información, total de desigualdad de condiciones para el diálogo, falta de asesoría a las comunidades y, sobre todo, que las consultas no son vinculantes y la decisión queda finalmente en manos del Estado. Por ello hay que insistir en el consentimiento, reconocido como un derecho por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el borrador de las Directrices del Programa ONU-REDD sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado, difundido recientemente por esta entidad para recoger las opiniones y propuestas de los pueblos indígenas y sus organizaciones.
En la jornada correspondiente a la mañana de hoy, se volvió a hablar de las consultas comunitarias. En el Perú se han realizado cuatro (Tambogrande y Ayabaca en Piura, Tarata en Tacna e Islay en Arequipa) y en Ecuador una en Azuay. En todos los casos sus resultados no han sido respetados por los Estados.
Los participantes coincidieron en la legitimidad de las consultas comunitarias, más allá de su desconocimiento legal, y en su capacidad de contribuir a la visibilización y posicionamiento de la agenda de los pueblos indígenas y de sus propuestas alternativas al llamado desarrollo.
La mesa de intercambio estuvo integrada por Hilda Huamán de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Manuel Castro de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), Walberto Baraona del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y Fernando Fierro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Indicaron además que las organizaciones indígenas, ante cada dificultad, no se limitan a denunciar sino que presentan propuestas. En el tema materia del Seminario, tres de las cuatro organizaciones integrantes de la CAOI han elaborado propuestas de ley de consulta (Bolivia, Perú, Ecuador), las cuales han sido archivadas o modificadas por los Parlamentos.
Solo Perú cuenta con una ley de consulta promulgada, pero esta no se ajusta al Convenio 169 de la OIT y en cambio recorta sus alcances. En el caso de Colombia, se realizan consultas en virtud de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, que exige este procedimiento para declarar la validez de una norma o un proyecto. Sin embargo, las condiciones de su realización son totalmente adversas para los pueblos indígenas.
Los problemas son comunes en los cuatro países: falta de información, total de desigualdad de condiciones para el diálogo, falta de asesoría a las comunidades y, sobre todo, que las consultas no son vinculantes y la decisión queda finalmente en manos del Estado. Por ello hay que insistir en el consentimiento, reconocido como un derecho por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el borrador de las Directrices del Programa ONU-REDD sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado, difundido recientemente por esta entidad para recoger las opiniones y propuestas de los pueblos indígenas y sus organizaciones.
En la jornada correspondiente a la mañana de hoy, se volvió a hablar de las consultas comunitarias. En el Perú se han realizado cuatro (Tambogrande y Ayabaca en Piura, Tarata en Tacna e Islay en Arequipa) y en Ecuador una en Azuay. En todos los casos sus resultados no han sido respetados por los Estados.
Los participantes coincidieron en la legitimidad de las consultas comunitarias, más allá de su desconocimiento legal, y en su capacidad de contribuir a la visibilización y posicionamiento de la agenda de los pueblos indígenas y de sus propuestas alternativas al llamado desarrollo.
La mesa de intercambio estuvo integrada por Hilda Huamán de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Manuel Castro de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), Walberto Baraona del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y Fernando Fierro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Comunicaciones CAOI
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