Bolivia, 8 Oct. (Fides).- Histórico, sin duda no hay otro calificativo para lo que sucederá dentro de siete días en Bolivia, una elección que no sólo es un proceso electoral si precedentes en el país, también en todo el continente e incluso se podría decir en el mundo. Por primera vez desde su fundación en 1825 por voto libre y directo los ciudadanos podrán elegir a los máximos administradores de la justicia del aún joven Estado Plurinacional.
El 16 de octubre se elegirán 18 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, 14 para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 14 para el Tribunal Agroambiental y 10 miembros para el Consejo de la Magistratura, entre titulares y suplentes.
El proceso electoral es por demás singular, no se permitió hacer campaña a los candidatos, existieron varias denuncias en contra de aquellos postulantes que repartieron tarjetas o hicieron algún tipo de promoción de su candidatura.
Se conoce que se presentaron 19 impugnaciones hasta el 5 de octubre, de ellas 6 fueron rechazadas y otras 13 aún están en consideración. Oficialmente ningún candidato fue suprimido por haber realizado campaña violando la Ley Electoral.
Sin embargo uno de los candidatos si fue sacado de la lista, pero por otros motivos. Ángel Aruquipa Chui, postulante por La Paz al Tribunal Supremo de Justicia fue inhabilitado por que fue designado juez de Instrucción en lo Penal durante el gobierno dictatorial de Celso Torrelio (1982), a través de un decreto. Lo que contravenía la convocatoria original.
La elección judicial fue mediatizada y politizada por el hecho que la selección de los postulantes fue predominada por el Movimiento al Socialismo, que aprovechando sus dos tercios en la Asamblea Legislativa, fue el que seleccionó a todos los candidatos.
Este hecho para la oposición fue como el viejo ejercicio que se hacía en el pasado, con la única diferencia de que será ahora la población la que ratifique la lista consensuada entre cuatro paredes de la Asamblea Legislativa. Esto dio paso al inicio de la campaña por el voto nulo.
La oposición desperdigada y en distintas voces empezó una campaña para anular el voto, convirtiendo la elección en un plebiscito donde una vez más se pondría la imagen del presidente Evo Morales frente al electorado. De ganar el nulo la elección sería legal, pero no legítima, lo que sería un golpe duro para el Gobierno.
Desde el Gobierno, el presidente Evo Morales auguró una victoria por más del 60%, reiteró en diversas oportunidades que no apoyaba a ningún candidato, pero pidió asistir masivamente para aprovechar la oportunidad histórica de elegir a las autoridades judiciales mediante el voto.
Lo cierto es que desde donde se vea esta elección no sólo significará un paso importante en la construcción del nuevo Estado, también tendrá dos efectos: o la reconfiguración de la estructura política de apoyo popular, con un resurgimiento de la oposición (de ganar el Nulo) o caso contrario la reafirmación de ese mismo apoyo hacia el Gobierno, ratificando el respaldo a las diversas transformaciones estatales. Eso se decidirá en las urnas, y ambos lados lo saben muy bien.
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