Sucre, 6 Oct. (ANF).- El Tribunal de sentencia encargado de tramitar el juicio penal contra ex autoridades y dirigentes cívicos de Chuquisaca miembros del extinguido Comité Interinstitucional, dentro del caso “24 de mayo” dictaminó este jueves detención domiciliaria y arraigo para los acusados, al término de una audiencia oral en la que la Fiscalía defendió su pedido de detención preventiva.
Los ex dirigentes que deberán guardar las medidas sustitutivas son en su mayoría los que formaron parte de la directiva del Comité Interinstitucional durante las protestas contra la Asamblea Constituyente.
En la lista leída por el juez Adalberto Gutiérrez se encuentran la ex alcaldesa Aydé Nava; la ex prefecta Savina Cuellar; el ex dirigente cívico, John Cava; la ex constituyente disidente del MAS, Epifania Terrazas, además de los ex líderes estudiantiles Yamil Pilco y Antonio Jesús.
En el caso de los ex dirigentes universitarios Eivar Díaz, Alvaro Ríos y Rodrigo Ansaldo, éstos tienen la obligación de presentarse periódicamente a la firma de un libro de la Fiscalía, y no podrán abandonar la ciudad de Sucre y el país sin previa autorización, según la resolución.
El grupo de ex dirigentes se encuentra acusado de promover los desórdenes que, el 24 de mayo de 2008, desencadenaron en un enfrentamiento entre grupos citadinos y campesinos afines al gobierno, los cuales derivaron en una serie de abusos y vejámenes de los que fueron objeto varios miembros de las delegaciones rurales que ese día llegaron a Sucre para participar de un acto político.
La resolución del Tribunal dispone la detención domiciliaria con vigilancia policial, aunque con posibilidad de que los acusados puedan concurrir a su fuente laboral. En el caso de tres estudiantes, además de la firma de un libro, no podrán participar de concentraciones políticas ni estudiantiles.
Al conocer la decisión, el ex alcalde y ex rector, Jaime Barrón, que se encuentra dentro del mismo proceso también con una detención domiciliaria anterior, calificó de “injusta” la medida a la que calificó como una “ley mordaza que va contra la dignidad de estas personas por haber luchado por nuestra libertad y democracia”.
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