Brasil, 6 Oct. (LÍDER / infolatam).- El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, dijo que “intereses económicos” y una “cultura de la violencia” restan efectividad a los planes del Gobierno para desarmar a la población y reducir la inseguridad en el país.
“Las personas creen que están protegidas cuando tienen un arma en casa y eso demuestra una total falta de comprensión de la realidad”, declaró el ministro en una entrevista con emisoras de radio, que coincidió con la difusión de un informe de la ONU que sitúa a Brasil como el tercer país más violento de Suramérica.
Según el “Estudio Global sobre Homicidios”, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Ginebra, Brasil tiene una tasa de 22,7 homicidios cada 100.000 habitantes, sólo superada en la región por Venezuela (49) y Colombia (33,4).
Además de la “cultura de la violencia”, Cardozo afirmó que muchas de las iniciativas promovidas por el Gobierno en favor del desarme de la población chocan con “intereses económicos”, encarnados por empresas “que quieren vender armas y, por lo tanto, intentan crear obstáculos” a la promoción de una “cultura de la paz”.
Pese a ello, el ministro precisó que una campaña de desarme que comenzó en mayo pasado ha permitido que, desde entonces, hayan sido entregadas a cambio de una recompensa económica unas 25.000 armas que estaban en manos de la población sin haber sido declaradas.
“Por primera vez tuvimos casos de entrega de armamento pesado”, apuntó Cardozo, quien citó como ejemplo el caso de 50 fusiles de asalto entregados de forma voluntaria a las autoridades.
Las campañas de desarme se realizan regularmente en Brasil desde el año 2004 e incitan a la población a entregar armamento a cambio de diversas sumas de dinero y bajo la condición de anonimato.
Cardozo defendió la efectividad de ese método, pero reconoció que es insuficiente para acabar por completo con la inseguridad.
En su opinión, los elevados índices de violencia en la sociedad brasileña obedecen a una multiplicidad de factores, entre los cuales citó la “sensación de impunidad” que generan la lentitud y excesiva burocracia de los procesos judiciales, que muchas veces permiten la prescripción de los delitos y los dejan sin castigo.
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