Yucumo / La Paz, 26 Sep. (ANF).- Los indígenas detenidos el domingo en los alrededores de Yucumo durante la violenta represión policial del marcha del TIPNIS, entre los cuales se encuentran mujeres, niños y cinco diputados, fueron trasladados en la madruga de este lunes a la localidad de Rurrenabaque, pero se desconoce la situación y el paradero de decenas de marchistas que huyeron al monte y el gobierno mantiene absoluto silencio sobre los hechos. ”Hemos sido gasificados, golpeados y enmanillados”, declaró desde Rurrenabaque el diputado Bienvenido Saco, perteneciente a la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), quien informó que los marchistas fueron trasladados desde lugar de los hechos en cinco autobuses y que la orden del gobierno es devolverlos a sus lugares de origen.
“Nunca he visto una agresión de esta naturaleza”, subrayó el parlamentario. Agregó que la policía no tuvo ninguna consideración ni con las mujeres ni con los niños que se encontraban en el campamento de la marcha. “Tampoco con nosotros, que somos diputados”, dijo el legislador, quien precisó que son cinco los diputados detenidos, todos pertenecientes al partido gubernamental.
El Comité de la Marcha denunció la muerte de un bebé de tres meses y la desaparición de al menos 37 personas, pero la información no ha sido confirmada. Asimismo, confirmó que muchos dirigentes y comunarios se refugiaron en el monte, entre ellos el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez.
"La democracia se nos va de las manos por la acción del gobierno", dijo Adolfo Chávez en declaraciones reproducidas por la Fundación Tierra.
Según el líder de la CIDOB, un grupo de marchistas fue trasladado a Rurrenabaque, otro se encuentra en la parroquia de San Borja y un tercer grupo logró internarse en el monte.
La propia CIDOB dijo que de las indígenas que participaban de la marcha están buscando a sus niños que se perdieron en la violenta intervención policial. La policía “no consideró a los niños ni a las mujeres, destrozó las carpas sin importar que hubieran niños descansando dentro de las mismas”, agregó.
El Comité de la Marcha informó que la acción policial del domingo, que tuvo por escenario al campamento ubicado en el puente San Miguel, a unos cinco kilómetros de Yucumo, afectó a unos 800 marchistas, incluidos más de dos centenares de niños y bebés.
Agregó que la “despiadada gasificación contra la gente indefensa” provocó una “confusión total” y el desbande de los marchistas, durante el cual se extraviaron muchos niños.
”Posteriormente efectivos de la policía procedieron a perseguir a la gente, a acorralarlos, golpearlos, quemando el campamento, gasificando mujeres embarazadas y deteniendo enseres personales de la prensa, obligaron a la gente a subir a camionetas para de esta manera, digna de la peor de las dictaduras, intervenir y acabar con la marcha”, agregó.
Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, demandó la inmediata libertad de los detenidos y, al salir al paso de declaraciones del gobierno, afirmó que “la democraia se basa en el respeto a los derechos humanos”.
Mientras tanto, el gobierno de Evo Morales mantiene absoluto silencio sobre los hechos.
En un informe difundido en la noche del domingo, la agencia gubernamental de noticias ABI atribuyó a los marchistas la responsabilidad de los hechos al afirmar que “la policía reaccionó ante la violencia de los indígenas”. Abi citó como fuente de su afirmación a “uno de los oficiales que participó en esa acción” sin identificarlo.
Dijo que “los indígenas intentaron rodear la barrera policial de seguridad que se instaló en inmediaciones de Yucumo” y que la policía actuó para “evitar enfrentamientos entre colonizados e indígenas, blandiendo arcos y flechas, y amenazando con utilizar esas armas, además de piedras contra los policías”.
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