La Paz, 28 Sep. (LÍDER / NAN).- El ex aliado de Gobierno y ahora líder opositor por el MSM Juan del Granado, presentó este martes una demanda penal en contra del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y cinco autoridades bajo cargos de genocidio y otros, a raíz de la violenta intervención policial a un campamento de indígenas marchistas del TIPNIS.
Además de Llorenti, son acusados por el Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcos Farfàn, viceministro de Régimen Interior; Gral. Jorge Renato Santiesteban Claure, Comandante General de la Policía Nacional; Gral. Oscar Muñoz Colodro, Subcomandante General de la Policía; Gral. Edwin Foronda Franco, Inspector General de la Policía; Cnl. Víctor Santos Maldonado Hinojosa, director de Inteligencia de la Policía Nacional.
Del Granado sostuvo que se acusa por los delitos de genocidio porque hubo traslado violento de niños, hombres y mujeres, por desaparición forzada de personas, privación de libertad, vejaciones y torturas en contra de los marchistas, allanamiento ilegal de vivienda y finalmente por violación expresa del Código Niña, Niño, Adolescente.
Dijo que se trata de ocho figuras delictivas que en conjunto superan los 20 años de cárcel para los que resultaren autores, coautores, cómplices y encubridores, dado que se produjeron graves violaciones a los derechos constitucionales y humanos de los marchistas del Tipnis.
SOBREPRECIO ABC-OAS: PIDE REFERÉNDUM
Por otra parte a tiempo de plantea la denuncia en contra los autores de la firma del contrato con la brasileña OAS, demandó al Gobierno la paralización total del proyecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y llamar a un referéndum nacional para definir el destino del mismo.
Dijo que el proyecto ya fue decidido el 4 de agosto de 2008 en sus todos los tramos entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la constructora brasileña OAS con precio total de $us 415.000.425 para 306 km de carretera, teniendo que por kilometro lineal un costo de $us 1.347.400, frente al promedio nacional de 7 carreteras, de $us 535.585, demostrándose un sobreprecio por kilometro lineal de $us 812.000.
Las autoridades denunciadas como autores de los delitos son Patricia Ballivián Estensoro, presidenta de la ABC, José Luis Zuñiga Tarifa, Gerente administrativo; Carlos Méndez Cárdenas, Gerente de Construcción; Andrés Castro Kukoc, Consultor y Asesor de Presidencia de ABC; y Geraldo Pereira Santa, representante legal de la OAS.
El MSM los acusa de contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y incumplimiento de deberes. El líder opositor espera que la denuncia sea procesada en la Justicia con la misma celeridad que actúa con casos donde se implica a los adversarios políticos de la oposición.
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