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| Roger Pinto |
La Paz, 3 Oct. (ANF).- El gobierno del presidente Evo Morales emprendió gigantesca campaña de desprestigio contra la marcha que defiende el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), con el objetivo de relacionarla con un supuesto plan de desestabilización de la oposición política y regional contra el proceso de cambio, afirmó este lunes el senador de Convergencia Nacional, Roger Pinto.
El legislador pandino lamentó el doble discurso del gobierno declarado indígena y el autoritarismo extremo que ejerce en desmedro de los sectores sociales que se atreven a cuestionar las políticas del MAS y la imposición de proyectos de desarrollo que atenta contra el bienestar de los indígenas de tierras bajas, tal es el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), cuyos pobladores reanudaron la marcha y se encuentran en la población de Palos Blancos.
“El gobierno ha planificado y orquestado todo un aparato de desprestigio contra los indígenas del TIPNIS, esta dura y gigantesca campaña tiene la finalidad de desmerecer el gran esfuerzo y sacrificio de los indígenas que piden ser escuchados para que se respete sus derechos, establecidos en la propia Constitución que fue diseñada por el propio gobierno y que ahora es vulnerada por el presidente indígena Evo Morales”, dijo legislador.
Pinto considera que la vulneración de los derechos indígenas y de la madre tierra empezó a tener consecuencias fatales para el Órgano Ejecutivo más aún cuando está cerca las elecciones judiciales previstas para el 16 de octubre. “A pesar del poder político que ostenta y los brazos operativos con los que cuenta el presidente Evo Morales, como el caso de los campesinos del altiplano y los productores de coca del Chapare, no es capaz de encontrar una solución al conflicto del TIPNIS y optó por echar más gasolina al fuego”, sostuvo.
Para el senador opositor, el gobierno buscará la intervención de UNASUR para manipular la investigación referente a la violenta represión policial que se ejecutó el 25 de septiembre en Yucumo contra el campamento indígena de la marcha, donde se vulneraron los derechos humanos, situación que fue reprochada por la ciudadanía boliviana y las Naciones Unidas, crisis que derivó en una seguidilla de renuncias en el gobierno, tal es el caso de la ex ministra de Defensa, María Cecilia Chacón, que fue la primera en dimitir ante los excesos cometidos por el gobierno.
DENUNCIA CIDH: Asimismo, la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia (CONNIOB), encabezada por los dirigentes Jaime Apaza y Víctor Hugo Velasco, envió una petición a la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que este organismo adopte medidas cautelares en defensa de los pueblos que habitan el TIPNIS.
El documento indica que “los pueblos indígenas mojeño, chimán y yuracaré, en conformidad con el artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitan medidas cautelares (…) ante la urgente necesidad de exigir al gobierno de Bolivia que emplee todos los medios a su alcance para evitar el enfrentamiento entre los grupos indígenas con los colonizadores o cocaleros, así como con las fuerzas policiales y militares”.
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