La Paz, 27 Sep. (LÍDER / PL).- El gobierno boliviano instruyó conformar una comisión especial nacional e internacional para investigar desde hoy los incidentes del domingo último en una marcha indígena que rechaza una vía interdepartamental.Según Morales, la comisión de Alto Nivel debería estar conformada por organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo, de Derechos Humanos y otros para que se realice un análisis profundo.
El dignatario señaló en ese sentido que repudia esos excesos cometidos contra hermanos originarios.
Morales explicó que la presencia en esa zona amazónica de los uniformados estaba dirigida a evitar nuevos enfrentamientos entre los marchistas y los colonos de Yucumo que si quieren esa carretera.
Asimismo remarcó que como presidente del país suramericano jamás ha instruido esos excesos, los que calificó de imperdonables.
Por otra parte, el pasado sábado los participantes en la movilización impulsada por la Confederación de Pueblos del Oriente Boliviano (Cidob) secuestraron al canciller David Choquehuanca y los obligaron a caminar hasta romper el primer cerco policial, recordó.
La reacción del Jefe de Estado se produjo tras las acciones de la Policía el domingo que, en un afán de impedir un enfrentamiento entre los marchistas indígenas del oriente y los colonizadores de Yucumo, decidió trasladar a los primeros inicialmente a San Borja y con posterioridad a Rurrenabaque.
Tanto el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como el jefe de la institución castrense, general Jorge Santiesteban, anunciaron el inicio de investigaciones para sancionar a los responsables de los abusos cometidos.
El mandatario sostuvo en forma reiterada que jamás va a permitir que se cometan excesos contra el pueblo, y si éstos se producen, ordenará las sanciones que correspondan.
Los marchistas salieron desde Trinidad el pasado 15 de agosto con la exigencia de que el Gobierno suspenda la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni).
A una semana de iniciar la marcha, los dirigentes de la Cidob, como Adolfo Chávez, dieron a conocer unas 16 demandas, entre ellas la paralización de los trabajos de exportación del gas que pasa por la región de Aguaragüe, considerada por el gobernó cono inadmisible.
Morales recordó a la prensa que suspender esas operaciones hidrocarburíferas iba a afectar el desarrollo de programas sociales y la entrega de recursos para el desarrollo de las regiones.
La víspera, Morales anunció que suspendería la construcción de la polémica carretera que podría unir al occidente con el oriente del país suramericano.
En ese sentido, precisó que el futuro de esa vía deberá decidirlo una consulta nacional centrada en esos los departamentos de Cochabamba y Beni y que se pronuncie sobre su continuidad o extinción.
Hasta tanto, precisó, queda suspendido el proyecto de carretera del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure, que motivó que desde el pasado 15 de agosto se iniciara una marcha indígena.
Algunas organizaciones sociales que integran el llamado Pacto de Unidad han catalogado de traidores a disidentes del gubernamental Movimiento al Socialismo vinculados a la protesta, entre ellos el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, el diputado Pedro Nuni y el exsenador Lino Villca.
De otra parte, la Central Obrera Boliviana decretó un paro nacional para mañana miércoles en apoyo a los marchistas, y la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, renunció de forma irrevocable en rechazo a los métodos empleados por la Policía.
El Ejecutivo denunció que la oposición a la carretera era un pretexto en el que se esconden intereses foráneos, lo cual se confirmó al comprobarse las llamadas telefónicas entre representantes de la embajada de Estados Unidos en La Paz y líderes de la movilización.
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