La Paz, 27 Sep. (LÍDER / NAN).- Diversas organizaciones sociales, instituciones de derechos humanos, cívicos y políticos condenaron este lunes a nivel nacional con distintas manifestaciones, por la ya denominada “Masacre de Yucumo” acusando al Gobierno de atentar contra la vida de niños, madres, madres embarazadas e indígenas marchistas con una violenta represión y gasificación. El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, levantó la ola de repudio al denunciar violación a los derechos humanos y garantías constitucionales de indefensos marchistas que buscan preservar un área de reserva natural, mientras la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) coincidió con la posición de Villena y añadió que “fueron actos de tortura”, en tanto su filias del Beni calificó el hecho “como un asalto criminal porque hubo madres detenidas sin sus hijos y niños llorando por sus padres detenidos”.
La Iglesia se sumó a la condena por la violencia ejercitada contra los indígenas y la Central Obrera Boliviana (COB) alista un paro nacional movilizado para este miércoles, y sus afiliadas de El Alto y Oruro comprometieron una activa participación en las jornadas de protesta contra las actitudes calificadas como “dictatoriales” del presidente Evo Morales a quien quitaron el rótulo de “presidente indígena” por el presunto niño muerto y 17 desaparecidos, desconocidos hasta ahora por el Gobierno.
MOVILIZACIÓN CIUDADANA EN LAS CALLES
Las ciudades del eje troncal fueron escenarios de marchas y protestas callejeras espontáneas convirtiendo al presidente Morales y sus ministros de Gobiernos, Sacha Llorenti y de la Presidencia, Carlos Romero, como los personajes más impopulares del momento, que fue matizado por la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, aplaudida por su coraje de abandonar el Gobierno que se habría alejado de su compromiso de “Gobernar, obedeciendo al pueblo”.
Desde la plaza San Francisco de La Paz, activistas ambientales, derechos humanos, estudiantes, universitarios salieron a las calles repudiando la violencia policial contra niños y niñas que fueron despojados de sus padres. “No se mata niños ¡Carajo¡”y otro grupo de activistas improvisó un altar con flores blancas en señal de duelo y realizaron un bloqueo de calles.
El Gobierno dispuso el cierre en sus cuatro esquinas de la Plaza Murillo, centro del poder político boliviano, con un fuerte resguardo policial desde las primeras horas de la mañana, ante el anuncio de masivas movilizaciones.
En Cochabamba, la ciudadanía, ambientalistas salieron a las calles y lograron romper una barrera policial para ingresar a la plaza principal, donde chocaron sin mayores consecuencias con los activistas del MAS, pero la protesta se hizo sentir. En Santa Cruz se instaló un piquete de huelga en la plaza principal y los universitarios reforzaron sus movilizaciones, dando un plazo de 24 horas para que se deje pasar la marcha
El comité cívico de Beni declaró un paro indefinido y los indígenas guaraníes en la región de Santa Cruz ingresaron en una huelga de hambre bajo advertencia de instalar un bloqueo de caminos a partir de este miércoles. Similares voces llegaron desde Tarija, Oruro, Potosí, Pando y Chuquisaca que anunciaron drásticas movilizaciones.
POLITICOS PIDEN RENUNCIA DE LLORENTI
El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas demandó la renuncia de Llorenti por la “masacre de Yucumo. En esa misma línea, el jefe del partido “Todos por Cochabamba”, José María Leigue criticó “la masacre a los indígenas del Tipnis porque aniquila pueblos y naciones originarias de Bolivia”.
El jefe de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, calificó de incapaz al Gobierno para solucionar problemas a través del diálogo y su colega de MSM, Juan del Granado, anunció una demanda penal contra Llorenti y los autores “de este gravísimo atropello a los derechos constitucionales y a la libertad, típicas de una actitud dictatorial y hechos delictivos de parte del Gobierno”.
En Santa Cruz, el senador Germán Antelo demandó la renuncia de todo el Gabinete ministerial porque demostraron al país y al mundo que los defensores de la Pachamama, no habían sido defensores de los pueblos indígenas”. El Gobernador cruceño, Rubén Costas, exhortó al país a no quedar impávido ante la “masacre” y pidió a todos pedir en las calles que “se acabe esta crueldad.
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