La Paz, 18 Oct. (NAN).- Los asambleístas demandantes Eva Gonzales y Tomás Monasterio pidieron al Fiscal General, Mario Uribe, acelerar las investigaciones sobre la represión a los marchistas del TIPNIS y citar al vicepresidente, Álvaro García Linera y otros funcionarios del Gobierno en calidad de sospechosos.
Ambos asambleístas explicaron que los citados presenten pruebas testificales dentro la investigación por genocidio contra el presidente Evo Morales. Monasterio manifestó que no permitirá ni tolerará el encubrimiento y la impunidad para dar con los responsables de la represión a los marchistas indígenas, el domingo 25 de septiembre en la localidad beniana de la Chaparina.
Los demandantes exigen que el segundo mandatario amplíe declaraciones sobre que tiene conocimiento de quién ordenó la intervención a la marcha indígena de los pobladores del TIPNIS, a
La ministra de Justicia, Nilda Copa, quien públicamente ha declarado que ella fue quien solicitó a la Fiscalía del Distrito de La Paz la intervención.
Igualmente pide citar al viceministro de Justicia Nelson Cox por firmar el requerimiento de intervención de la marcha indígena; a los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Denis Efraín Rodas Limachi y Fernando Rivera Tardío, quienes sin ser funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia suscribieron en patrocinio legal el requerimiento de la ministra Copa y del viceministro Nelson Cox Mayorga.
Solicitan que el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti por ser responsable sobre la Policía que solo pudo actuar en la intervención con la orden de este ex funcionario de Estado; al viceministro de Gobierno Marcos Farfán por haber estado presente en Yucumo el día de la intervención y públicamente ha desligado cualquier tipo de responsabilidad.
También exigen citar al Director de Régimen Interior, Boris Villegas Rocabado, al Gral. Jorge Santiesteban en su calidad de Comandante General de la Policía; al subcomandante Gral. Oscar Muñoz, a los Fiscales de los Distritos de La Paz y Beni a objeto de que informen y certifiquen sobre las supuestas órdenes de intervención que hubieran emitido sus fiscales de materia.
Y en calidad de declaraciones testificales al Defensor del Pueblo, Rolando Villena, a la presidenta de la Asamblea Penamente de Derechos Humanos en Bolivia, Yolanda Herrera y se tomen declaraciones a las víctimas de la intervención y represión de la marcha indígena.
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